*Escribe Cintia Monaco, politóloga y abogada de la CADH.

Hoy 18 de septiembre, hace 13 años, mientras se estaba dando el primer juicio oral desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, desapareció por SEGUNDA VEZ Jorge Julio López.

Por entonces, su testimonio era clave por haber sido, durante la dictadura cívico militar, un albañil y militante; secuestrado, desaparecido y torturado en el llamado «Circuito Camps». En ese carácter, la relevancia de su testimonio consistía en que podía acreditar la participación directa del ex comisario bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz en el plan genocida ejecutado entre 1976 y 1983.

Desde aquella segunda desaparición, desde distintas referencias sociales, políticas y de DDHH  señalamos la gravedad del hecho. La investigación que le siguió no fue lo ejemplar que reclamábamos a la autoridades de turno de todos los estamentos del Estado. Hubo hipótesis disparatadas al respecto, como que Julio López se hallaba perdido, instruyéndose una causa por averiguación de paradero, perdiendo así un imprescindible tiempo en la investigación. Meses después se reconoció su desaparición forzada pasando así la causa a la Justicia Federal, tras la insistencia de familiares y amigos, donde su búsqueda y la de los responsables de su desaparición igualmente no corrió mejor suerte, ya que en el medio hubo cambios de jueces, de secretarías, diferentes líneas de investigación. 

Recién en el año 2008, la Cámara Federal de La Plata apartó a la Policía Bonaerense de la investigación que durante esos primeros años estuvo incluso en manos del entonces jefe del área de investigaciones complejas, Hugo Matzkin.

Así, y sin un solo imputado por la desaparición, los organismos de DDHH querellantes en su causa se han presentado ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos.

Al día de hoy la impunidad, por su segunda desaparición, sigue en pié.  

Como para destrabar todo este sistema de impunidad surgió por parte de Myriam Bregman, un proyecto de ley de apertura de los archivos de Inteligencia del Estado relacionados al caso de Julio López, para posibilitar la apertura de archivos a las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas que se estima que poseen valiosa información al respecto. Este aun vive en los cajones del Congreso de la Nación.

» Una desaparición es una forma de sufrimiento doblemente paralizante: para las víctimas, muchas veces torturadas y siempre temerosas de perder la vida, y para los miembros de la familia, que no saben la suerte corrida por sus seres queridos y cuyas emociones oscilan entre la esperanza y la desesperación, cavilando y esperando, a veces durante años, noticias que acaso nunca lleguen. Las víctimas saben bien que sus familias desconocen su paradero y que son escasas las posibilidades de que alguien venga a ayudarlas. Al habérselas separado del ámbito protector de la ley y al haber «desaparecido» de la sociedad, se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus aprehensores.Incluso si la muerte no es el desenlace final y tarde o temprano, terminada la pesadilla, quedan libres, las víctimas pueden sufrir durante largo tiempo las cicatrices físicas y psicológicas de esa forma de deshumanización y de la brutalidad y la tortura que con frecuencia la acompañan.

La familia y los amigos de las personas desaparecidas sufren una angustia mental lenta,ignorando si la víctima vive aún y, de ser así, dónde se encuentra recluida, en qué condiciones y cuál es su estado de salud. Además, conscientes de que ellos también están amenazados, saben que pueden correr la misma suerte y que el mero hecho de indagar la verdad tal vez les exponga a un peligro aún mayor. La angustia de la familia se ve intensificada con frecuencia por las consecuencias materiales que tiene la desaparición. El desaparecido suele ser el principal sostén económico de la familia. También puede ser el único miembro de la familia capaz de cultivar el campo o administrar el negocio familiar. La conmoción emocional resulta pues agudizada por las privaciones materiales, agravadas a su vez por los gastos que hay que afrontar si los familiares deciden emprender la búsqueda. Además, no saben cuándo va a regresar, si es que regresa, el ser querido, lo que dificulta su adaptación a la nueva situación. En algunos casos, la legislación nacional puede hacer imposible recibir pensiones u otras ayudas si no existe un certificado de defunción. El resultado es a menudo la marginación económica y social. La desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad.» relatan en el ensayo «El Delito de Desaparición Forzada De Personas», los abogados Verónica HEREDIA y José Raúl HEREDIA. 1

Esto no puede volver a repetirse NUNCA MAS, y no es un mantra que nos gusta relatar, es una necesidad básica para poder vivir en paz. Recordar a Julio López no es un ejercicio de buena fe, recientemente tuvimos el aniversario de los dos años de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado que nos vuelve a poner en alerta y la piel de gallina de que las desapariciones de personas aún en periodos democráticos son una realidad, por más que la caratula judicial que investiga el hecho lleve otro nombre.

Vale recordar que en todo este tiempo, poco se ha avanzado judicialmente para sancionar a los responsables de la desaparición y posterior muerte de Santiago, en tanto la propia dinámica investigativa ha llevado al nefasto resultado de pretender cerrar la causa sin ningún responsable, o bien, intentando responsabilizar al propio Santiago. Afortunadamente la cámara ordenó recientemente seguir la investigación, pues hay un montón de interrogantes que al día de hoy restan contestar.Lo que no admite duda alguna es que el personal de Gendarmería debe responder por la muerte de Santiago.

A Julio, el “viejo”, como le decían sus compañeros, lo desaparecieron cuatro veces: durante la dictadura, en democracia, en la causa judicial y, por último, en los medios masivos de comunicación.  

Por todas estas razones somos miles en las calles cada 18 de septiembre en las principales plazas del país, para exigir ¡Aparición con Vida Ya de Julio López! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas, 30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡PRESENTES!.

  1. http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37756.pdf
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc37756.pdf