Celebramos la decisión del gobierno nacional de derogar el DNU N° 70/2017 por el cual el gobierno de Mauricio Macri había modificado en un sentido regresivo desde la perspectiva de los derechos humanos el régimen de política migratoria que preveía la ley 25.871.

La política de “deportaciones express” implementada por la gestión macrista fue calificada por el decreto que hoy firmó Alberto Fernández como “irreconciliable” con la Constitución Nacional y los tratados internacionales de DDHH con jerarquía constitucional, entre otras cosas, por: la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias.

Vale recordar que el decreto de Macri había sido declarado inconstitucional por la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo Federal en un amparo promovido por el CELS y otros organismos por considerarlo incompatible con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en nuestro ordenamiento jurídico.

También la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través del Comité de Protección de los Derechos de Todos/as los/as Trabajadores/as Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño/a y el Comité contra la Tortura, habían instado a la Argentina a derogar esas medidas implementadas por el gobierno anterior.

La decisión entonces de derogar este decreto y restablecer los derechos y garantías que regían con anterioridad a su dictado es una decisión importante en el camino de reconstrucción y fortalecimiento de los derechos humanos tras cuatro años de implementación de políticas regresivas en la materia, como lo fueron –ademas de las políticas migratorias– todo el conjunto de decisiones desplegadas por la cartera conducida por Patricia Bullrich.

La construcción de una sociedad más justa, luego de 4 años de neoliberalismo y sus graves consecuencia sobre los sectores más vulnerados debe contener como vector inconmovible la defensa y el fortalecimiento de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales como pilar del Estado Social y Democrático de Derecho.

Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos – CADH