En el día de ayer un magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil anuló todas las causas judiciales abiertas en contra del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y de este modo le restituyó los derechos políticos que le habían sido arrebatados. Recordemos que a raíz de la causa conocida como “Lava Jato”, impulsada por el juez y ex ministro de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, Lula pasó 580 días preso y fue proscripto en las elecciones del año 2018, siendo el favorito de todas las encuestas y en las que terminó ganando el candidato de la derecha neoliberal.
Celebramos que finalmente la justicia brasilera admita el hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente y declarara lo que ya a esta altura es un secreto a voces en todo el mundo: que la investigación fue completamente arbitraria y parcial, motivada centralmente por fines absolutamente partidistas, tal como reveló la investigación del sitio The Intercept que dio cuenta de la existencia de un “grupo de tareas” (sic.) judicial, integrado por Moro y los fiscales de la causa con la clara intención de perseguir y proscribir a la Lula da Silva.
Más allá de la buena noticia y de las especulaciones en torno a la una eventual candidatura en 2022 del expresidente, lo cierto es que el daño producido por la persecución judicial ya está hecho y es irreversible. Esto deja en evidencia el perverso mecanismo del lawfare en toda la región: a través de la apariencia de legalidad que brinda el proceso judicial formal se monta una persecución política tendiente a sacar del juego a lxs líderes populares. Luego las causas caen por severas irregularidades, nulidades y arbitrariedades, no obstante lo cual la condena mediática ya se produjo y el daño sobre lxs perseguidos es irreparable.
Este modus operandi se expande casi sin variantes por toda la región: Argentina, Ecuador y Bolivia evidencian situaciones similares. Es evidente también que estas maniobras nada tienen que ver con la defensa de la garantías y los derechos fundamentales de la sociedad, sino que solo sirven y contribuyen a la acumulación partidaria de un solo sector: los dueños del poder real, fáctico y concentrado y sus aliados en los centros mundiales de poder.
Es fundamental no desaprovechar la oportunidad que se genera a partir del retorno de algunos gobiernos populares en la región y encarar decididamente la batalla por la reforma judicial que nos permita entre otras cosas, desactivar estos enclaves oscuros que no persiguen otra finalidad más que incidir de manera perversa en los procesos políticos y sobre todo que nos privan a los pueblos de contar con un poder judicial democrático, popular y feminista que sirva para defender derechos y garantías fundamentales y para construir en paz y democracia y en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, países con justicia social, soberanía política y económica y más y mejores derechos para todxs.
Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos – CADH