Imagen del fotógrafo Julio Menajovsky, uno de los primeros reporteros en llegar al lugar, aquel 18 de julio de 1994

Hace 25 años explotaba una bomba en la AMIA y, minutos más tarde comenzaba una investigación judicial que, hasta el día de hoy sigue abierta, e impune. Años más tarde, cuando la causa fue elevada a juicio oral, se develó parte de la trama de encubrimiento del atentado, lo que dio lugar al inicio de una nueva causa: AMIA 2, el encubrimiento.

El año 2019 nos encontró con la sentencia en este segundo juicio: resultaron condenados el ex juez de la causa Juan José Galeano, al ex titular de la SIDE Menemista Hugo Anzorreguy y su segundo Juan Carlos el Vicealmirante (R) Juan Carlos Anchézar, los ex fiscales Mullen y Barbaccia, el ex reducidor de autos Carlos Telleldín y Ana Boragni, quienes eran pareja al momento de los hechos y un ex integrante del Departamento de Protección del Orden Constitucional (DPOC) de la P.F.A., Carlos Castañeda. Asimismo, resultaron absueltos el ex presidente Carlos Menem, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, el ex agente de la SIDE Patricio Finnen, el abogado Víctor Stinfale y el ex comisario de la P.F.A. Jorge Palacios.

Que las causa siguieran abiertas y, en el caso de AMIA 2, se lograran llegar a condenas parciales fue gracias a la lucha incansable de los/as familiares y amigos/as de las víctimas a su irrenunciable reclamo de justicia y contra la impunidad. Sin embargo, una buena parte de los acusados fue absuelto, y lo que es peor aún, la causa por el atentado sigue impune y lamentablemente no registra avances significativos.

El hecho de que en 25 años aún persista la impunidad del atentado y tan solo una parte de los encubridores hayan sido condenados se explica a partir de la utilización política de la causa por parte de los gobiernos que tuvieron a cargo la investigación. Tanto el aspecto internacional de la causa, como la denominada “conexión local” fueron tramos de la investigación colocados al servicio de intereses tanto geopolíticos como de la política doméstica.

Hablamos de una matriz que involucra a parte del poder político, al Poder Judicial, ciertos medios de comunicación y por su supuesto, los servicios de inteligencia. Un entramado que persiste hasta nuestros días y que se recrudece o profundiza dejando en evidencia las cloacas del estado y la democracia.

Sin embargo, uno de los aspectos más significativos, tratándose de una investigación judicial por demás compleja e intrincada, es el hecho de que el Poder Judicial se ha prestado -y lo sigue haciendo- a estas operaciones que poco tienen que ver con la averiguación de la verdad histórica, la búsqueda de justicia y el fin de la impunidad.

El verdadero monumento a la impunidad que constituyen las causas AMIA dejan al desnudo las severas deficiencias del sistema judicial -en particular, la justicia federal de Comodoro Py- en su faceta más cruda: la imposibilidad de ser un instrumento de la sociedad para la averiguación de la verdad histórica, para el afianzamiento de la justicia y la reparación a las víctimas. En definitiva, el fracaso de unos de los poderes estatales en el cumplimiento de sus más elementales funciones constitucionales, esto es, resolver los conflictos más agudos que se presentan en el seno de la sociedad (ejercer el poder judicial).

Frente a este cuadro de fuerte descomposición del sistema de justicia en manos de operaciones que van desde maniobras casi dantescas y fuertemente coyunturales como lo fue, en aquel entonces, el involucramiento de la Policía Bonaerense y el pago de 400.000 dólares al desarmador de autor Telleldín, pasando por una guerra interna en los servicios, hasta las grandes “jugadas” del ajedrez de la geopolítica internacional a la que se vio expuesta esta causa judicial, con la venia y hasta el involucramiento de lleno de los operadores judiciales, asistimos por estos días a un nuevo intento de utilización política del asunto en cuestión.

Es así como, a días de cumplirse medio cuarto de siglo de impunidad en la causa AMIA, cobra fuerza por iniciativa del oficialismo un proyecto para concretar por vía legislativa el “juicio en ausencia”. Un ardid oportunista por el cual se pretende “avanzar” con el caso más allá de la imposibilidad -real e incontestable- de imputar el hecho en forma personal a los acusados iraníes.

Desde el vamos, en caso de prosperar, el instituto del “juicio en ausencia” afectaría seriamente los pilares nuestro ordenamiento jurídico y los instrumentos internacionales de DDHH que Argentina ha ratificado, y poseen rango constitucional desde, casualmente, 1994.

Llevar adelante un juicio sin la presencia de los principales acusados, contraría un aspecto básico que fluye de la propia garantía de defensa que consagra nuestra constitución en el Art. 18, o bien lo dispuesto el Art. 8 de la Convención Americana de DDHH, entre otros instrumentos.

Más bien pareceríamos estar ante el intento desesperado -al calor de la campaña electoral- de mostrar algún “avance” más que en una política seria destinada a la búsqueda de la verdad y la justicia. Recordemos que durante el gobierno de Macri se pulverizó la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia (cuando echó a Cimadevilla y la mandó bajo la jurisdicción de Avruj, ex funcionario de Beraja, acusado de encubrimiento).

También el propio Garavano fue señalado por las asociaciones de familiares y hasta la propia Elisa Carrió le pidió el juicio político cuando en forma unilateral ordenó a la querella del Estado Nacional -a cargo del Ministerio de Justicia- retirar acusaciones contra algunos de los imputados de encubrimiento en la etapa de los alegatos de la causa AMIA 2.

A ello debemos sumar el uso desbocado de los aparatos de inteligencia -en particular la AFI- con motivaciones ajenas a su función y con un claro objetivo de incidir en causas judiciales con finalidades político partidarias, reforzando de este modo la lúgubre alianza entre los servicios y la justicia federal, como empieza a quedar establecido en la causa de mega espionaje que tramita en Dolores.

La noticia de que la Casa Rosada estudia la creación de un registro de organizaciones y personas vinculadas al terrorismo y la colocación en forma permanente del tema en la agenda pública -sin sustento en la realidad- indican un claro y sostenido realineamiento por parte de esta Administración nuevamente en el eje geopolítico impulsado desde los Estados Unidos.

En esta inteligencia, la implementación del “juicio en ausencia” implica sin dudas tan solo un gesto en esa dirección -además de los claros problemas en materia jurídica que apuntamos-, puesto que sólo supondrá la clausura formal del proceso, pero en nada contribuirá al esclarecimiento de la verdad y la sanción a sus artífices internacionales y locales.

Ha quedado establecido que desde el minuto uno la causa estuvo orientada por intereses geopolíticos vinculados a los alineamientos internacionales del gobierno menemista y que la “conexión local” también se vio contaminada -como se demostró en AMIA 2- por intereses mezquinos de la política doméstica. Pretender “ponerle un moño” a este juicio en nombre de las víctimas y sus familias es una afrenta a la verdad y la justicia.

Necesitamos un Estado comprometido con la verdad y la justicia que impulse políticas serias entorno al caso AMIA: una condena meramente formal a los iraníes imputados actualmente -con las deficiencias constitucionales que ello implica- sin una profundización de la “pista” internacional y un cuadro en el que queda totalmente impune la conexión local no lo son, claramente. El juicio en ausencia en el caso AMIA es la ausencia de un juicio justo y ajustado al derecho y la verdad. Es la ratificación de un camino sin retorno de descomposición del sistema judicial que solo garantiza impunidad, mentiras y operaciones: siempre injusticia, nunca justicia.

Justicia para las víctimas de la AMIA, esclarecimiento de la masacre impune y castigo a los culpables y encubridores.

Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos – CADH