1. Contexto.

No cuesta mucho imaginar que la propagación del COVD-19 representa en las cárceles y respecto de las personas allí alojadas una bomba de tiempo: precarias condiciones de salubridad e higiene y niveles extremos de hacinamiento, superando en muchos casos la tasa de ocupación. Ello torna de imposible cumplimiento las medidas de distanciamiento social para prevenir la propagación y el contagio del virus y puede significar un mayor riesgo en la vida y salud de las personas (prisioneras y trabajadoras), en particular para aquellas personas que conforman grupos de riesgo o mayor vulnerabilidad, como lo son las personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes, insuficiencia cardíaca etc.

La situación exige rápidas y eficientes medidas de los Estados, quienes de acuerdo con la normativa internacional[1] y a la Constitución Nacional[2], son los responsables de garantizar los DDHH de las personas privadas de la libertad, en especial en lo atinente a la protección de la vida y la integridad física y a brindar un trato humano y digno. En este sentido, corresponde al Poder Ejecutivo lo atinente a la administración del sistema penitenciario y a los/as jueces y jueces las decisiones en lo relativo a la pena que deben cumplir las personas.  

Entre la “excarcelación masiva” -que nadie propuso, ni mucho menos llevó a cabo- y el mantenimiento de un status quo que representa un riesgo humanitario real e inevitable, se impone la necesidad objetiva de generar una respuesta racional a la superpoblación y condiciones de hacinamiento carcelario, que sea compatible con la democracia y los DDHH.

Frente a las protestas de la población carcelaria ante esta situación, el Poder Ejecutivo y algunos gobiernos provinciales encararon mesas de diálogo con las personas privadas de la libertad a efectos de mejorar la situación en las cárceles. Sin embargo, el nudo de la cuestión -en lo que al manejo de la superpoblación objetiva refiere- radica en la decisión de cientos de jueces/as y juezas nacionales, federales y provinciales, quienes hasta el momento han dado una muy lenta y casi nula respuesta, muy por debajo de lo que la circunstancia demanda.

A la par, se ha iniciado una campaña mediática impulsada por sectores de la oposición política que habla de una supuesta “excarcelación masiva” y hasta “planes de liberación de presos, asesinos y violadores”, sin ningún sustento en la realidad. En primer lugar, porque nadie lo propuso. En segundo lugar, porque no es lo que está ocurriendo; las pocas excarcelaciones y/o prisiones domiciliarias fundadas en el COVID-19 se han dado a cuenta gotas y de manera muy esporádica. Además, representan una suma ínfima -alrededor de 1300[3] entre el SPF y el SPB, aunque otros relevamientos hablan de no más de 500- si se compara con lo que ocurre en otros países del mundo.  

2. El mundo (pequeño detalle).

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC, a la cual la Argentina se encuentra adherida a través de los tratados internacionales de DDHH, lo cual exige atender sus observaciones y recomendaciones e efectos de no generar responsabilidad internacional del país en el ámbito internacional, urgió en forma temprana a los Estados del continente a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19[4].

A tal fin, recomendó expresamente a los países: “Adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva con el fin de identificar aquellos que pueden ser sustituidos por medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19.”

También recomendó: “Evaluar de manera prioritaria la posibilidad de otorgar medidas alternativas como la libertad condicional, arresto domiciliario, o libertad anticipada para personas consideradas en el grupo de riesgo como personas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo y para quienes estén prontas a cumplir condenas.”  

Asimismo, planteó la necesidad de adecuar las condiciones de detención de las personas privadas de libertad particularmente en lo que respecta a alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19 y de garantizar que todas las unidades cuenten con atención médica y proveer especial atención a las poblaciones en particular situación de vulnerabilidad, incluidas las personas mayores.

Receptando estas cuestiones, en nuestro país los Tribunales de Casación tanto Federal, como Nacional (Criminal y Correccional) y de la Provincia de Buenos Aires, adoptaron una serie de acordadas mediante las cuales, si bien se aclara que cada caso debe ser resuelto por el/la juez/a de cada causa, se promueven una serie de criterios para abordar la acuciante situación de las cárceles federales y bonaerenses.

En el caso del ámbito federal, Casación recomendó a tribunales inferiores que adopten  medidas  alternativas  al  encierro,  tales  como  la prisión  domiciliaria, con  los  mecanismos  de  control  y monitoreo respecto de personas  en  prisión  preventiva  por  delitos  de escasa  lesividad  o  no violentos,  o  que  no  representen  un riesgo procesal significativo, personas  condenadas  por  delitos  no  violentos  que estén próximas a cumplir la pena impuesta y/o que hayan sido condenadas a penas de hasta 3 años, personas en condiciones legales de acceder en forma inminente al   régimen   de libertad   asistida,   salidas transitorias o  libertad  condicional, siempre  que  cumplan con los demás requisitos, mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas y personas que integran grupos de riesgo en función de la edad y la salud.

Casación Bonaerense hizo lugar a una serie de arrestos domiciliarios para personas detenidas por delitos leves y que se encuentren en situación de riesgo por edad o por patologías preexistentes, sean mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las Unidades Penitenciarias, haciendo recomendaciones en línea con las de la CIDH con relación al resto de los casos que reclaman una respuesta. En el caso de la Casación Nacional, se recomendó a los/as magistrados/as del fuero extremar recaudos para reducir la superpoblación carcelaria, atendiendo en forma prioritaria a los grupos de riesgo.

Por otro lado, una investigación de Raúl Kollman para Página/12[5] revela informaciones que dan cuenta que el combo cárceles + coronavirus preocupa y ocupa a todos Estados del mundo. Sin embargo, en comparación con la Argentina que, a la fecha entre el Servicio Penitenciario Federal y el Bonaerense -donde se concentra la mayor cantidad de población carcelaria- los beneficios no alcanzan a más de 1300 personas, los datos son impactantes. No solo por su cantidad, sino porque las medidas han sido adoptadas por una gran gama y variedad de gobiernos y Estados, en lo que a sus orientaciones políticas, sistemas jurídicos y culturas sociales refiere.

Señala la nota que “Irán puso en libertad a 85.000 prisioneros… Turquía mandó a sus casas 45.000. Indonesia 30.000. En Brasil, el cálculo más restrictivo, es que salieron de los penales unos 30.000 presos… Francia, hasta el 13 de abril, liberó a 9.923 detenidos según los datos oficiales. En el Reino Unido, el sistema federal tiene 84.000 presos, y ya salieron 4.000, dice la BBC… En Estados Unidos, el país con mayor cantidad de presos del planeta -2.300.000 entre federales y estaduales-, sólo California mandó a sus casas a 3.500 internos… La cadena de derecha Fox, calculó hace casi un mes, que la cifra de liberados superaba los 16.000. El verdadero cálculo hoy en día es que están en sus casas el 20% de todos los que estaban en penales y el The New York Times estimó que Estados Unidos tiene en este momento la menor cantidad de presos desde la Segunda Guerra Mundial.”

Y sigue: “En México -según un cable de Reuters- se dictó una amnistía que benefició a 6.200 presos, la mayoría excarcelados con pulseras electrónicas… «Hoy promulgamos la ley de indulto general conmutativo, que conmuta o sustituye la privación de libertad en los establecimientos penitenciarios de 1.700 personas por reclusión total en los domicilios». El comunicado oficial del 16 de abril lleva la firma de Sebastián Piñera, presidente de Chile… Mediante el decreto número 546 del presidente Ivan Duque, se dictó la prisión domiciliaria de unos 4.000 presos en Colombia. Un solo estado alemán, Westphalia, liberó 1000 presos y España envió a prisión domiciliaria a todos los detenidos llamados de tercer grado, o sea que tenían ya salidas transitorias y están en la última etapa de su condena. En total, cerca de 8.000.”

Como se ve, la necesidad de generar una respuesta humanitaria ante la superpoblación carcelaria, analizando -como mínimo- modalidades alternativas de detención es una preocupación del orden mundial de gobiernos de los más variados signos políticos y de sistemas judiciales de lo más diversos y no, como proponen algunas voces delirantes, producto de planes ocultos del gobierno argentino para “liberar” -cuando en rigor se habla, insistimos, mayormente de modalidades alternativas de detención- personas privadas de la libertad con vaya a saber que intencionalidades políticas. También, como se dijo, de garantizar un estándar mínimo de DDHH al que, al menos nuestro país, se ha comprometido en los foros internacionales a respetar.    

3. Una salida racional y humanitaria.

Frente a esta situación, entendemos crucial que se den respuestas racionales frente a la necesidad de gestionar la superpoblación carcelaria frente a un hecho objetivo que, de no adoptarse un curso de acción urgente, puede llegar a constituir una catástrofe humanitaria sin precedentes. Para ello, creemos importante seguir las recomendaciones de la CIDH en cuanto a la necesidad de evaluar medidas concretas frente a la población carcelaria.

A los efectos de atender la situación de superpoblación y hacinamiento carcelario y la crisis humanitaria que ello representa en el marco de la propagación del COVID-19 y frente a la necesidad de generar una respuesta racional para gestionar la situación, debe focalizarse la respuesta en aquellas personas detenidas por delitos leves que integran grupos de riesgo en razón de la edad, afectaciones a la salud, personas embarazadas y madres con hijos/as menores alojados/as en las Unidades Penitenciarias, evaluando la posibilidad de adoptar respecto de ellas medidas alternativas a la detención en la cárcel, morigerando así su modo detención.

Así, respecto de aquellas personas con prisión preventiva y dentro de la clasificación anterior podrían evaluarse medidas alternativas tales como reglas de conducta, mecanismos de vigilancia electrónica (tobilleras), cauciones reales, control exhaustivo de la medida mediante monitoreo telefónico, etc.

En relación con aquellas personas condenadas, siempre dentro de la clasificación ya enunciada, que durante el año 2020 cumplan el requisito temporal para acceder a los institutos de libertad condicional o libertad asistida a la que le resten menos de 2 años para agotar su pena, correspondería evaluar el arresto domiciliario hasta la fecha de acceso al instituto, en la cual deberá evaluarse la incorporación o no al mismo.   

Asimismo, en relación con aquellas personas que se encuentran con prisión preventiva excedida (más de dos años personas sin sentencia y más de 3 años y seis meses personas con sentencia no firme), en tanto integren la clasificación antes referida, también debería evaluarse la posibilidad de morigerar la detención a partir de alguna de las modalidades ya expresadas.

Asimismo, vemos con preocupación que jueces autoricen la prisión domiciliaria a personas detenidas por violencia de género, femicidios, abusos y violaciones, en la medida que existe una preocupación genuina por parte de las personas víctimas de esos delitos en cuanto al riesgo que podría generar la adopción de medidas alternativas respecto de esas personas. Esta clase de delitos graves no debería integrar el grupo a ser alcanzado por los beneficios mediante los cuales se busca descomprimir la situación carcelaria.

De este modo, sería posible una gestión más racional y humanitaria de la superpoblación carcelaria, garantizando condiciones de alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros del COVID-19 a todas las personas privadas de la libertad que deban permanecer en las unidades penitenciarias.

Ello solo será posible si el Poder Judicial actúa con celeridad y seriedad, si autoridades gubernamentales redoblan el esfuerzo en materia de administración penitenciaria y si la sociedad encara con madurez el debate acerca de la bomba humanitaria que representan las cárceles en el medio de la pandemia.

Leandro Carnelli

Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos – CADH


[1] Solo por citar un ejemplo los “Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas” establecen que “Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.”

[2] El art. 18 de la CN dice, con toda claridad: “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”.

[3] https://www.clarin.com/suscripciones/landing-boxone.html?apw-origin=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fpolitica%2Fcoronavirus-argentina-gobierno-admiten-tobilleras-electronicas-controlar-1-280-presos-riesgo_0_tscZ5rBai.html&wb=PW_covid2

[4] El documento completo: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/066.asp

[5] https://www.pagina12.com.ar/262615-crisis-en-las-carceles-lo-que-los-medios-no-dicen