• Escriben Cintia Monaco y Emiliano Montini, abogades de la CADH.

Todos, todas, y todes recordamos aquel 1 de agosto de 2017. Fue impactante la noticia. Se hablaba de la desaparición forzada por Gendarmería de un joven bonaerense en las inmensidades de la Patagonia. 

Con mucho apresuramiento y poca organización, la familia de Santiago, el joven desaparecido, llevó adelante en la oficina de la Comisión provincial por la Memoria, una conferencia de prensa para exigir la aparición con vida del menor de los Maldonado. La esperanza aún estaba intacta, frente al temor latente de que algo grave podría haberle pasado.

Hoy sabemos que Santiago desapareció el 1 de agosto, tras la violenta represión de Gendarmería en la Lof en resistencia Cushamen, Chubut. Estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de Octubre en el Río Chubut, luego de un nuevo rastrillaje casi a 500 metros río arriba de donde había sido visto por última vez.

En todo este tiempo, poco se ha avanzado judicialmente para sancionar a los responsables de la desaparición y posterior muerte de Santiago, en tanto la propia dinámica investigativa, impuesta primero por el Dr. Otranto, y luego por el Dr. Lleral, han llevado al nefasto resultado de pretender cerrar la causa sin ningún responsable, o bien, intentando responsabilizar al propio Santiago.

Miles de fojas forman los expedientes donde se investigan la Desaparición Forzada y la muerte de Santiago, como así también los expedientes donde tramitaron los pedidos de Habeas Corpus iniciados oportunamente. Miles de fojas crean un montón de interrogantes que al día de hoy restan contestar.

Lo que no admite duda alguna es que el personal de Gendarmería debe responder por la muerte de Santiago.

Es por ello que, a dos años de la desaparición de Santiago Maldonado, las organizaciones que acompañamos el reclamo de Justicia de la familia, exigimos la continuidad de la investigación en tanto existen elementos que por sí solo determinan que bajo ningún concepto el expediente puede ser archivado sin más, y a lo cual se le suma la llamativa negativa por parte del Dr. Lleral en producir cuantiosas pruebas periciales solicitadas por la querella.

Que el Sr., Juez haya dispuesto el sobreseimiento definitivo del alférez de Gendarmería Emmanuel Echazú, único imputado por la muerte de Santiago, a todas luces resulta infundado y carente de sentido factico y jurídico, más aún cuando ha descartado prueba solicitada por la familia de Santiago, siguiendo su “olfato” judicial, prohibido por nuestro ordenamiento jurídico.

Como muestra de ello, basta recordar que la familia Maldonado viene cuestionando las severas contradicciones entre el informe de la autopsia y las afirmaciones consignadas por el juez (y para ello denunciaron que el informe de la autopsia sostiene que la muerte del joven responde a una “muerte violenta”, algo que omitió decir el juez cuando comunicó el resultado definitivo de las pericias), la falta de pericias sobre unos billetes encontrados en el pantalón de Santiago -que no presentarían el desgaste acorde al tiempo que sostiene la versión oficial- e incongruencias entre la temperatura que tenía el cuerpo al momento de ser encontrado y la del agua del Río Chubut, entre otras.

Ante este escenario, recientemente Sergio Maldonado, su compañera Andrea Antico, y la abogada de la familia Verónica Heredia, hicieron una nueva petición a la CIDH -Comisión Interamericana de Derechos Humanos (dependiente de la OEA)-, al considerar que habiendo sido agotadas las instancias judiciales nacional en pos de obtener verdad y justicia, le cabe expedirse sobre el tema al sistema interamericano, cuyo cuerpo jurídico contempla este tipo de presentaciones ante las arbitrariedades y las impunidades de los Estados.

La presentación ante la CIDH fue acompañada de un informe que describe quiénes fueron, “los actores involucrados en la comunicación oficial del Gobierno, funcionarios de segunda línea y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar a la sociedad”.

Para la familia de Santiago “este accionar tuvo como objetivos: negar y ocultar la desaparición de Santiago Andrés Maldonado; instalar pistas falsas para desviar la investigación; criminalizar a Santiago relacionándolo con supuestos ‘grupos violentos’ y ‘terroristas’; deshumanizar a Santiago y a los integrantes de su familia, hasta de responsabilizarlos de su desaparición y muerte”. El informe detalla operaciones mediáticas, fafe news viralizadas y discursos coordinados desde diferentes voces y lugares.

Entre los identificados con esas maniobras mencionan a Mauricio Macri, Marcos Peña, Patricia Bullrich, Germán Garavano, Claudio Avruj, Elisa Carrió, Fernando Iglesias y Yamil Santoro, todos funcionarios de Cambiemos. así como la colaboración de periodistas como Jorge Lanata, Eduardo Feinmann, Claudio Andrade (Clarín) y Loreley Gaffoglio (La Nación e Infobae), entre otros.

Para la abogada Verónica Heredia, lo presentado ante la CIDH “es la denuncia por la desaparición y muerte de Santiago Andrés Maldonado, desde el 1 de agosto de 2017 y la aparición de su cuerpo sin vida el 17 de octubre, y el archivo de la causa el 29 de noviembre de 2018 sin una investigación independiente, imparcial, pronta y efectiva”. La reapertura de la causa judicial, lo que pide la familia de Santiago, sería un paso adelante en el camino de evitar que este, como otros tantos crímenes de Estado, quede impune.

En definitiva, entendemos que debemos seguir exigiendo y colaborando con la búsqueda de verdad y justicia derivada de la muerte violenta de Santiago, un pibe solidario y libre, víctima del accionar asesino de las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich.

Es por ello que adherimos a la convocatoria a una nueva concentración el próximo jueves 1º de agosto en Plaza de Mayo, el día en que se cumplen dos años de la desaparición de Santiago, cuyas consignas serán “Basta de Impunidad. No al cierre de la causa y Justicia por Santiago”.

La vida solidaria y digna llevada adelante por Santiago, nos obliga a ello.