*escribe Cintia Monaco, politóloga y abogada de la CADH.

Sabemos que no exageramos si decimos que, desde mediados de marzo, a nivel planetario, los seres vivos en general, vivimos una especie de película que nadie imaginaba protagonizar. Esto replanteó, en la mayoría de los lugares, los roles de las instituciones del Estado, y a su vez, así como obligó a ser más eficientes algunas áreas, en otras lamentablemente, se profundizaron prácticas llenas de vicios.

Como abogadas y abogados integrantes de la CADH, nos genera mucha preocupación el incremento sostenido de hechos arbitrarios, violentos y violatorios de los derechos más básicos de la ciudadanía por parte de fuerzas policiales desde el establecimiento de la cuarentena, en especial en las barriadas populares.

Innumerables veces lo escuchamos al presidente decir que no iba a ceder a ninguna presión que quisiera obligarlo a priorizar la economía u otra cosa, por encima de la salud de todos y todas. Este planteo ha recibido un fuerte respaldo de la mayoría de la sociedad, y ha motivado a su vez, un ataque feroz de esa oposición que ve reducirse su espacio de influencia y, en consecuencia, hace planteos alocados e irresponsables de cómo salir de la cuarentena, sin importarle los costos humanos.

También hay que decir que en el contexto de cuarentena hay ciertas tareas esenciales que cobran cierto protagonismo para bien, pero para mal también, como es el caso de las fuerzas de seguridad. En general han sido necesarias, fundamentalmente al principio, para generar conciencia de la importancia que le daba el Estado al quedarse en casa, cumpliendo el aislamiento obligatorio; pero con el correr de los días, estas fuerzas han vuelto ejercer roles abusivos, asociados a la historia de la institución. Desde siempre hemos denunciado y bregado por su democratización.

En estos días, muchas fueron las voces que plantearon al Estado respuestas amplias, y no las meramente relacionadas con la policialización de los territorios. Porque si de garantizar la vida y el aislamiento se trata, esto se hace con recursos de variada procedencia del Estado, y no por la fuerza. 

En este sentido se dieron varios debates, como el protagonizado por Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social y referente de la agrupación Barrios de Pie, que cuestionó la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de aislar a Villa Azul, el barrio ubicado entre Quilmes y Avellaneda donde se registró un importante brote de COVID-19. “Me parece que es un error la forma en la que se encara. Pareciera como que se construyen guetos de pobres y se confina a la gente creyendo que con la Policía y con un cerco represivo se puede evitar una situación que tiene que ver con un sistema comunitario y no con un esquema represivo”, dijo el funcionario en el programa Ahora Dicen, de Futurock.fm. “Nosotros desde las agrupaciones sociales propusimos la idea de que el barrio cuida al barrio. En definitiva es lo que pasa. La gente no sale del barrio porque la gente es consciente del riesgo que se corre. La gente entiende. Hay que charlar, hay que discutir y contenerla emocionalmente. La policía no sirve en épocas normales, menos en pandemia. Esa es la realidad.» 

Pero con el correr de los días, empezamos a ser testigos de la aparición de casos concretos de violencia institucional, vinculados al rol abusivo que muchas veces ejercen las policías. En esta pandemia, uno de los casos más resonantes fue el del tucumano Luis Espinoza, quien luego de una semana de estar desaparecido, tras haber sido golpeado junto a su hermano por efectivos de la comisaría de Monteagudo; la fiscalía y la policía judicial tucumana encontraron sin vida. El lugar del hallazgo se encuentra en la montaña, con precipicios empinados y vegetación tupida, en territorio de Catamarca. Dos de los imputados, en principio por desaparición forzada y ahora por homicidio agravado, habrían quebrado el pacto de silencio entre los policías. El cuerpo de Luis Espinoza habría sido llevado entre cuatro policías en el auto particular del subcomisario Rubén Montenegro y ocultado en la zona de Alpachiri. 

Es que en este contexto de cuarentena, el viernes 15 de mayo, Luis y Juan Espinoza habían ido a cobrar y pasaban a ver a un familiar para llevarle comida, cuando se encontraron con el grupo de policías que venían de reprimir a los participantes de una carrera cuadrera, en presunta violación de la cuarentena. Creyendo que ellos habían estado allí, los policías comenzaron a pegarle a Juan, cuando Luis intentó frenarlos; luego se escuchó un disparo, y un golpe desmayó a Juan. Cuando despertó su hermano ya no estaba. Tanto desde el gobierno, con la intervención de la secretaría de Derechos Humanos, como desde los organismos de derechos humanos habían exigido la aparición con vida. Pero esto no sucedió ya que encontraron el cuerpo de Luis sin vida en Catamarca.

Otro caso de esta cuarentena fue el de Florencia Magali Morales, una mendocina de 39 años, madre de tres hijos, que salió de su casa en Santa Rosa de Conlara, San Luis (provincia en la que vivía hace tres años), a las 9 de la mañana del domingo 5 de abril. Pocas horas después, estaba muerta en el calabozo de la comisaría del pueblo. Sobre su muerte, el juez Jorge Pinto investigó desde el principio un suicidio, pero ahora la causa lleva la carátula “averiguación muerte”. La insistencia de la familia y de sus abogados sobre las irregularidades en la investigación fueron clave en este cambio. Sobre la detención de Florencia hay dos versiones dadas por la propia policía de ese destacamento: primero dijeron que había sido detenida porque circulaba a contramano en su bicicleta violando el artículo 205 sobre el aislamiento. Por su DNI no podía salir ese día de su casa según la reglamentación del gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Después señalaron los uniformados que ella sola fue a la comisaría porque allí había un policía conocido, y que se presentó a pedirle una tarjeta de débito para que pudiera retirar dinero del banco.  Los abogados intentan determinar si hubo manipulación del cuerpo de Morales en el calabozo y cuántos policías había en el lugar. “Hay testigos que estaban en esa comisaría que dicen que se escuchaban gritos, que pedía auxilio, que pedía un médico, en la comisaria. Tanto eran los gritos de Magali que los vecinos de la comisaría se acercaban a ver lo que estaba pasando. A estos dos detenidos se los traslada a otra dependencia y la dejan sola a merced del abuso de autoridad, pocas horas después aparece muerta”, planteó su abogado.

También en San Luis se conoció el caso sucedido el 24 de abril, en Villa Mercedes (San Luis) donde encontraron ahorcado, también en un calabozo y también en apariencia por violar el artículo 205 en el marco del aislamiento obligatorio, a Franco Gastón Maranguello, de 16 años. Fue detenido en la puerta de su casa, supuestamente por violar la cuarentena, y dos horas después cuando su madre se presentó a buscarlo en sede policial, le comunicaron que supuestamente se había suicidado.   

Otro caso vinculado a la violencia institucional, fue el de la muerte de un joven de 16 años en situación de calle. Agustín, tenía 16 años y vivía en la calle, escapando del acoso policial por parte de efectivos de la Comisaría 48 de Lugano, según denunció la Gremial de Abogados. El chico fue encontrado muerto el domingo 30 de mayo, mientras dormía en una ranchada del Microcentro. «Hacemos responsable al Gobierno de la Ciudad de esta situación, exigimos que se ponga en marcha seriamente un circuito de asistencia territorial a lxs pibxs en situación de calle«, dijeron los trabajadores del CAINA. De acuerdo con la Gremial de Abogados, habían interpuesto un habeas corpus preventivo para resguardar al menor desde mediados de marzo. Y de acuerdo al último censo de las organizaciones sociales, hay más de 800 menores en situación de calle sólo en la Ciudad de Buenos Aires, un número muy por encima del que reconocen las autoridades del Gobierno porteño.  

Otro caso que generó conmoción nacional fue el de los y las integrantes de la comunidad qom de Chaco. “’Indios infectados, ustedes son unos mal acostumbrados», les gritaban los policías chaqueños mientras los torturaban, saltando sobre sus pechos». Otra vez uniformados actuaron en el marco del control del aislamiento social obligatorio, en este caso en el barrio Bandera Argentina de la localidad de Fontana, en Chaco, donde el domingo 30 de mayo a la madrugada, efectivos de la policía ingresaron de manera violenta a la casa de una familia qom, atacaron a sus habitantes con golpes de puño y palos, y los patearon en la cabeza. Luego secuestraron a dos varones y a dos mujeres menores de 18 años, y en la comisaría las torturaron, mientras manoseaban sus cuerpos. «Ya les tiramos alcohol, ¿quién les prende fuego?«, decían para aterrorizarles con la luz apagada. Los referentes qom coinciden en que el ataque se da en un contexto en que endilgan a las comunidades indígenas «haber traído» el coronavirus. El grupo de policías tomó por asalto la casa sin ningún tipo de instrumento legal, patearon la puerta y se llevaron puesto todo, Los policías fueron apartados, pero los enviaron a sus casas, y sus nombres no trascendieron. Sus compañeros policías recorrieron el barrio para organizar «una marcha» a su favor, que finalmente no realizaron.

Acertadamente el presidente Alberto Fernández se pronunció al respecto por Twitter : «Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia«, dijo. La importancia de este pronunciamiento radica en que desde la principal figura institucional de nuestro país se plantea que no se van a permitir ningún tipo de abuso y violencia institucional para la comunidad general, más aún en este contexto internacional donde todos asistimos estupefactos a los cientos de eventos de protesta en los Estados Unidos, y otros países caracterizados como potencias mundiales, dónde miles y miles de ciudadanos y ciudadanas se movilizan para reclamar el cese de la violencia institucional, fundamentalmente con consignas antirracistas, cuestión que se dio a partir del asesinato de George Floyd.

Con esta enumeración de casos queremos advertir sobre el peligro de incrementar los poderes de las fuerzas policiales sin directivas políticas claras por parte de las máximas autoridades ejecutivas y ministeriales de cada distrito, en las que no dejen lugar a dudas que el objetivo de la cuarentena es el cuidado de la salud, y no el hacer gala de abusos sistemáticos.

Cuidarnos entre todes, es resguardar integralmente nuestra salud física, psíquica y social, respetando los derechos y libertades, y respetando todas las medidas de cuidado que sean necesarias, así como de protocolos de acción que expliciten los límites del accionar policial y las sanciones que corresponderán a los agentes policiales que las violen.  

Necesitamos de la acción coordinada urgente y amplia entre entidades estatales, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, religiosas, medios de comunicación y demás entes colectivos del país, para poner un freno a la violencia contra la población, y sobre todo contra los sectores más vulnerados. El respeto por la vida, el cuerpo y la libertad de todos y todas es fundamental aun, y mucho más, en esta cuarentena.