Como abogadas y abogados integrantes de Movimientos Sociales, Organismos de Derechos Humanos y defensores de los derechos civiles de todo el país, manifestamos nuestra profunda preocupación por el incremento sostenido de hechos arbitrarios, violentos y violatorios de los derechos más básicos de la ciudadanía por parte de fuerzas policiales desde el establecimiento de la cuarentena, en especial en las barriadas populares y cárceles de nuestro país.

Queremos advertir sobre el peligro de incrementar los poderes de las fuerzas policiales sin directivas políticas claras por parte de las máximas autoridades ejecutivas y ministeriales de cada distrito, en las que no dejen lugar a dudas que el objetivo de la cuarentena es el cuidado de la salud y no el hacer gala de un rigurismo militarista y disciplinante sobre la sociedad, que no sólo no ayuda a la situación sino que a todas luces la empeora. Que incluya una advertencia sobre las sanciones que correspondan para los agentes policiales que se extralimiten en las directivas de las autoridades gubernamentales.

En este marco, especial atención y preocupación nos genera la situación en las cárceles, donde la población encausada está en una situación de especial vulnerabilidad, razón que motivó que varios y varias de nosotras hayamos realizado diversas presentaciones o Habeas Corpus Correctivos Colectivos, para exigir medidas urgentes buscando evitar que se profundice la situación, ya de por sí crítica en los establecimientos penitenciarios. Entendemos que dichas presentaciones han sido desoídas o respondidas de manera deficiente e insuficiente por los poderes judiciales y ejecutivos de las diversas jurisdicciones.

Cuidarnos entre todos y todas, es resguardar integralmente nuestra salud física, psíquica y social, respetando los derechos y libertades, y respetando las medidas de cuidado entre todes que sean necesarias.

En este marco exigimos a las autoridades gubernamentales y judiciales de cada esfera de gobierno, la creación, publicidad y puesta en marcha de protocolos de acción que expliciten los límites del accionar policial y las sanciones que corresponderán a los agentes policiales que las violen.

Estamos convencidos que necesitamos de la acción coordinada urgente amplia entre todas las autoridades y entidades estatales, movimiento sociales, organismos de derechos humanos, religiosas, medios de comunicación y demás fuerzas vivas del país, para poner un freno urgente a la escalada de violencia y destratos que está sufriendo parte importante de la población de nuestro país, sobre todo los sectores más vulnerables. No vamos a permitir que la cuarentena sea usada como excusa para incrementar el control social y la represión a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Respeto por la vida, el cuerpo y la libertad de todos y todas.

Ni una violencia más contra nadie.

Nos cuidamos entre todos y todas.

Juan Grabois (Abogado UTEP – Buenos Aires) / Pablo Garciarena (Abogado Xumek-MP La Dignidad-Frente Patria Grande-Mendoza) / María de las Mercedes Arinci (Abogada – Centro Barrial Madre de la esquina. Hogar de Cristo- Córdoba) / Esteban Rodríguez Alzueta (Abogado – Director del Laboratorios de Estudios Sociales y Culturales sobre Violencias Urbanas – UNQuilmes) / Sergio Job (Abogado UTEP – Córdoba) / Nicolás Rechanik

(Abogado UTEP – Buenos Aires) / Raúl Almeida (Abogado – Movimiento Campesino de Córdoba) / Verónica Aparicio (Abogada – Movimiento Campesino de Córdoba) / Victoria Gauna (Abogada – Movimiento Campesino de Córdoba) / Gonzalo Giustetti (Agogado – Unión de Trabajadores Rurales – Córdoba) / Ignacio Andrés (Abogado – La Creciente – UTEP – Asociación Civil Espacio de Derecho Popular – Córdoba) / Rafael Ortiz (Abogado, miembro Comisión Normalizadora de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares – Córdoba) / Irina Santesteban (Abogada, ex secretaria general del Gremio de Judiciales, miembro de la Comisión Normalizadora de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares – Córdoba) / Lucía Salinas (Abogada-Notaria – San Juan) / Carlos H. Vicente (Abogado-Córdoba) / María Alejandra Ciuffolini (Docente e investigadora -U.N.Córdoba-, directora del “Colectivo de Investigación El llano en llamas”) / José Manuel Morán Faúndes (Investigador del CONICET por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales -U.N.Córdoba-) / Andrés Demaria (Abogado EO-UTEP – Córdoba) / Víctor Santiago Gamboa (Abogado EO-UTEP – Asociación Civil Espacio de Derecho Popular – Córdoba) / Victoria Siloff (Abogada – Córdoba) / Gabriel Macaroff (Abogado- Catamarca) / Videla Giselle ( Abogada – Córdoba) / Lourdes Campos Quintanilla (Abogada – Córdoba) / Leonardo Dolman Copari (Abogado – Trabajadores Unidos por la Tierra – UTR – Córdoba) / Andrea Morales Leanza (Abogada – Abogadxs Populares Catamarca) / Aldo Sebastián Vergara Duveaux (Abogado – Catamarca Contra la Tortura y la Represión) / María José Mendiburu (Abogada – Asociación Civil Espacio de Derecho Popular – Córdoba) / Enrique Pistone (Abogado – San Francisco – Córdoba) / Graciela Taranto (Abogada –Córdoba) / Alejandro Brussa (Abogado – Cooperativa de Carreros La Igualdad – Córdoba) / Agustina Martínez (Abogada – Córdoba) / Ricardo Del Barco (Abogado – Profesor UCC y UNC – Córdoba) / María Sol Delamer (Abogada – Justiniano Posse – Córdoba) / Laura Judith Sánchez (Abogada Feminista – Conicet – Fac. Dcho. UNCórdoba) / Blanca Fabiola Barreiro (Abogada – Córdoba) / Víctor Barbero (Abogado – Córdoba) / Gremial de Abogadxs / Cintia Monaco y Gisela Arbuto (abogadas CADH)