No es una novedad decir que el Poder Judicial cuenta con una profunda crisis de legitimidad y con altos niveles de desaprobación popular. Tampoco lo es sostener que funciona – en muchos casos – de manera anquilosada y obsoleta, haciendo gala de una burocracia capaz de “pisar” los expedientes más importantes y de dar vuelo a las operaciones políticas más berretas, conforme a su conveniencia. Si bien el centro de aquellas críticas está puesto en el fuero penal y en particular en los federales de Comodoro Py, no son ajenas a otros fueros y en el último tiempo hemos visto un más que claro declive de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Quienes pateamos los tribunales en defensa de justicia y buscando efectivizar Derechos Humanos abogamos por una profunda reforma judicial.

Una reforma que sea capaz de democratizar los espacios de toma de decisiones, de implementar definitivamente el sistema acusatorio, de agilizar y transparentar los procesos y de acercarse a la ciudadanía, poniendo especial consideración en los sectores populares, que son quienes más necesitan de mecanismos efectivos para hacer valer sus derechos, tantas veces postergados.

Una reforma que integre las banderas del feminismo, con paridad y con perspectiva de género para que no tengamos que volver a leer sentencias como la del caso de Lucía Pérez.

Una reforma que logre que la justicia represente la diversidad propia de nuestra sociedad, invitando e integrando a los sectores sociales en vez de perseguirlos o negarlos.

Este proceso es un largo camino que implica modificaciones normativas e institucionales, pero también cambios culturales profundos. Creemos que el proyecto de “LEY DE ORGANIZACIÓN Y COMPETENCIA DE LA JUSTICIA FEDERAL” presentado por el Presidente va en ese camino. Veamos los puntos centrales del mismo:

1 – Dispone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico con asiento en la C.A.B.A. y la creación de nuevos tribunales en cada instancia. De esta manera pasará a haber 46 juzgados de primera instancia, 12 camaristas distribuidos en 4 salas y 17 Tribunales Orales.

2 – Dispone a su vez una ampliación proporcional del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, centrales para la demorada implementación del sistema acusatorio aprobado a través del Código Procesal Penal Federal, cuya aplicación progresiva ha comenzado en Salta y Jujuy y deberá llegar a la C.A.B.A en el plazo de dos años, con el seguimiento de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación correspondiente.

3 – Establece plazos y requisitos para la tramitación de concursos, debiendo el examen ser oral, público, versar sobre la resolución de casos con el nuevo código procesal y deberá valorarse la perspectiva de género. También se establece un tope al puntaje de la entrevista personal, lo que limita discrecionalidades. Mientras tanto, se establece un régimen de subrogancias con intervención de la Cámara de Casación, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado, el cual solo se activará una vez convocados los concursos y el que también deberá respetar la diversidad de género.

4 – Dispone la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomendando al Ejecutivo Nacional suscribir los acuerdos necesarios para ello en el plazo de 3 años.

5 – Dispone la unificación de los fueros Contencioso Administrativo Federal y Civil y Comercial Federal de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso habrá 23 juzgados de primera instancia y 9 salas (27 jueces) de alzada.

6 – En las demás provincias del país crea 94 nuevos juzgados federales, 85 nuevas fiscalías y 23 nuevas defensorías, entre otros cambios. En estos casos los mismos se habilitarán una vez nombrados sus titulares mediante el sistema de concursos.

7 – Establece reglas de actuación para todos los jueces federales que incluyen mantener un trato equivalente entre las partes, evitar favoritismos, garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario, comunicar inmediatamente al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones, no valerse del cargo para promover intereses privados, etc.

A su vez, mediante el Decreto 635/20 se creó el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por 11 juristes, con una integración cercana a la paridad que deberán en el plazo de 90 días contados a partir del 18 de agosto emitir dictamen en relación a los problemas que observan para el correcto funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa así como también propuestas y recomendaciones. El análisis deberá incluir criterios de diversidad de género y representación federal, competencia y duración de los recursos entre otros puntos.

Desde la CADH creemos en la necesidad de una profunda reforma judicial que permita a la justicia pintarse de pueblo y asumir las diversidades de nuestra sociedad, para que sea un ámbito que permita garantizar los Derechos Humanos de todes. La reforma propuesta es un primer paso en ese sentido.