La diputada nacional Victoria Donda Perez, junto a sus colegas Grosso, Horne, De Ponti, Ferreyra y Arroyo, presentaron una acción de amparo, con el patrocinio del dr Montini, integrante de la CADH (Coordinadora argentina por los DDHH) contra el MINISTERIO DE SEGURIDAD NACIONAL, solicitando que se decrete la inconstitucionalidad de los artículos 1°, 2°, 3° y 5° del REGLAMENTO GENERAL PARA EL EMPLEO DE LAS ARMAS DE FUEGO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS FEDERALES DE SEGURIDAD aprobado mediante el art. 1° (Anexo) de la Resolución N° 956/2018, por considerarlo que se trata de una modificacion por vía administrativa al Código Penal (en relación a lo que allí se define como «legitima defensa»), lo cual está prohibido por la Constitución Nacional.

Los demandantes también consideraron que dicho reglamento se opone al estándar internacional de los DDHH en materia de uso de armas, ya que entre otras cuestiones atenta contra lo principios de legalidad, excepcionalidad, razonabilidad y proporcionalidad; e incluso habilita es uso de armas de fuego en manifestaciones.

Por todo esto, solicitaron que debe ser urgentemente suspendida esta normativa ya que crea un riesgo mayor y más grave respecto del que supone busca prevenir. Además eleva irracionalmente el riesgo de los terceros ajenos al delito, que son los que las fuerzas federales deben defender legítimamente ante agresiones.