Hace pocos días la Dirección General de Estadística y Censos del GCBA publicó un nuevo informe titulado “Condiciones de vida en la Ciudad de Buenos Aires: indigencia y pobreza por ingresos y estratificación”. Si bien el mismo busca resaltar una supuesta “leve mejora” en las condiciones de vida de algunos segmentos poblacionales ubicados en la base de la distribución durante el tercer trimestre de 2019, lo cierto es que de la información publicada se desprende con claridad que el 5,5% de las personas que habitan esta Ciudad es indigente. Se trata de un universo de 169.000 personas cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria.

Al respecto, el organismo porteño señaló que “mientras que para algunos segmentos ubicados en la base de la distribución se produce una leve mejora en las condiciones de vida, en otros no logran compensar la suba de precios (51,8%) y se deteriora su condición relativa”.

Este deterioro de la situación social trae aparejado un problema que muchas organizaciones de la sociedad civil venimos remarcando en los últimos años: el aumento de la gente en riesgo de situación de calle y la falta de políticas públicas por parte del GCBA para solucionar este flagelo creciente.

La ley 3706 obliga al GCBA a proteger integralmente y operativizar los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle, sin embargo, sistemáticamente las autoridades locales han ocultado las verdaderas cifras sobre los primeros y directamente han negado su condición a los segundos.

De acuerdo a las últimas mediciones oficiales existirían 1146 personas en situación de calle, lo que implica un reconocimiento de que la cifra viene creciendo en los últimos años. Sin embargo, aquella cifra se encuentra muy por debajo de aquella colectada por las organizaciones sociales en el marco del Segundo Censo de Personas en Situación de Calle en la Ciudad que arrojó un total de 7251 personas a mitad del año pasado.

Pero además, el GCBA incumple la Ley 3706 al no incluir en sus informes a las personas en riesgo de situación de calle y por ende no realizar políticas tendientes a impedir que estos terminen efectivamente en la calle. Se trata de la misma negación que les impide ver las condiciones en las que se encuentran los paradores que deberían funcionar como un lugar seguro y habitable y la misma negación que les impide ver una correlación entre las 169.000 personas indigentes medidas recientemente y un incremento en el riesgo a caer en situación de calle.

Por ello no nos sorprende – pero si nos preocupa – que el GCBA siga sin cumplir con la intimación formulada por la justicia en 2018 a raíz de un planteo formulado por la CADH junto con la actual interventora del INADI, Victoria Donda y la legisladora porteña Laura Velasco.

En aquella oportunidad la jueza Elena Liberatori declaró “…el incumplimiento absoluto y reiterado de lo normado en el artículo 4° inciso k de la Ley 3706 por parte del GCBA en relación a los relevamientos realizados en los años 2016 y 2017 de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo” e intimó al GCBA a cumplir la normativa vigente, medida que a su vez fue confirmada por la Cámara de Apelaciones CAyT.

Actualmente se encuentra en trámite una nueva acción de amparo presentada por la CADH, Victoria Donda y Laura Velasco. Esta vez buscamos una orden judicial que se extienda sobre el fondo de la cuestión y permita discutir integralmente las políticas públicas sobre personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle. La acción interpuesta fue aceptada como proceso colectivo en la intención de que sea la sociedad civil la que exija al GCBA el cumplimiento de la Ley 3706 antes de que un nuevo invierno nos arrebate más vidas de personas olvidadas por el Estado.

Desde la CADH entendemos imprescindible que se adopten con urgencia políticas públicas capaces para impedir que parte de estas 169.000 personas en condiciones de indigencia lleguen al invierno en situación de calle.