18 de Octubre, Día Mundial de la Protección de la Naturaleza.

Por Facundo Sanseverino, Somos Ambiente.

“El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa fuerza biológica, y si continúa destruyendo los recursos vitales que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes sociales para las próximas décadas. La humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza, y no de su poder mental. De este modo, a diario, su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones”.
 (Extracto del mensaje de Perón a los Pueblo y Gobiernos del Mundo.)

En 1972, Juan Domingo Perón desde el exilio, emitió un mensaje dirigido a los pueblos y gobiernos del mundo, en relación a la naturaleza y la acción humana sobre la misma. Es por ello que la ONU estableció que cada 18 de octubre sea conmemorado como el día de protección de la naturaleza.

Ahora bien, pasados más de 40 años de aquel mensaje, la mayoría de nuestro planeta se encuentra en una crisis climática sin precedentes, llevando la explotación de los recursos naturales a los límites de la frontera de lo posible, destruyendo comunidades, suelos, ríos, bosques y ecosistemas. Si no se toman medidas radicales y giros de 360° en políticas no sólo ambientales, sino energéticas, políticas, económicas y sociales, vamos camino a un mundo totalmente distinto tal como lo conocemos.

¿Esta Argentina protegiendo la naturaleza y el ambiente con la importancia que merece la urgencia?

En términos institucionales, nuestro país, además de adherir a una docena de tratados internacionales relacionados con el ambiente y la naturaleza, cuenta con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que estipula el goce a un ambiente sano, la obligación de preservarlo y habilitando a producir pero sin comprometer generaciones futuras. Además, Argentina cuenta con una batería de leyes de presupuestos mínimos y la ley general de ambiente N°25.675, como ordenadora, sancionada hace diecisiete años. También, nuestro país sostiene la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), degradada de Ministerio hace poco tiempo y cuenta con una institución federal, COFEMA, que debe encargase de articular a todas las provincias para generar políticas ambientales.

Ahora bien, actualmente, tanto la SAyDS como el COFEMA, no cumplen una función institucional acorde a la importancia y urgencias sobre el tema. Ambos existen desarticuladamente, sin planes integradores, o no dándole, quienes gobiernan, la importancia central que merece la cuestión ambiental a la hora de tomar decisiones relativas al desarrollo económico y social.

Desde el poder político en general, aunque con matices, se sigue observando la cuestión ambiental y a la naturaleza como un accesorio, con carácter de insumo económico y sin transversalidad con el resto de las carteras ministeriales o con poca importancia en relación a la urgencia que demanda.

Más bien, una parte de las iniciativas ‘’ambientalistas’’ están imbricadas con las lógicas del mercado, como el Programa ForestAR o incluso formando una comunidad de negocios entre el Estado y las licitaciones otorgadas a empresas de funcionarios, que incluso involucran al propio presidente Macri, como es el caso de los parques eólicos en el marco del Plan RenovAR.

Por otro lado, la Justicia, al dictaminar fallos a favor de leyes como la de glaciares o en contra de la ley que permitía la instalación de incineradoras contaminantes, entre otros casos, ha tenido un rol más protagónico a la hora de proteger el ambiente y la naturaleza, desde las instituciones.

En cuanto a la legislación, se han sancionado leyes de presupuestos mínimos ambientales, pero no sin haber tenido resistencia o lobby por parte de multinacionales, sectores económicos locales, gobiernos provinciales y nacionales. Solo la lucha e insistencia de varios sectores políticos, sociales y ambientalistas han empujado para la sanción de las mismas.

Con respecto a su aplicación, tanto la ley de bosques, de glaciares, de gestión ambiental de aguas, de acceso a la información ambiental, entre otras, han sido alentecidas en su reglamentación o tienen reducido presupuesto, subejecutado y no contando con la fuerza de ley que les corresponde. Aun incluso algunas leyes necesarias como la de humedales, giran sin tratarse entre las cámaras y comisiones del Congreso.

Ante el vago y desarticulado interés institucional, la iniciativa para proteger la naturaleza y lograr un ambiente sano y justo para todxs, ha pasado y pasa por la movilización de organizaciones ambientalistas, sociales y políticas, junto a los pueblos que sufren las consecuencias de modelos de producción extractivistas y las injusticias socioambientales. Los basurales a cielo abierto, la fumigación con agrotóxicos, contaminación de ríos con cianuro, y las urbanizaciones VIP sobre humedales, entre otras cuestiones, afectan principalmente a los sectores populares y las comunidades locales que sufren enfermedades, pobreza, hambre y mal nutrición.

Los desafíos son grandes, y para ello es fundamental fortalecer las instituciones ya existentes que se encargan de la cuestión ambiental y la protección de la naturaleza, desde la Nación, las provincias y municipios, pero con una fuerte impronta participativa y democrática junto a las localidades, universidades, organizaciones sociales, políticas y ambientalistas.

Es urgente generar planes integrales e interjuridiccionales para enfrentar el cambio climático y las consecuencias que este conlleva, no sólo para la naturaleza, sino para millones de habitantes de nuestro país que sufren la ausencia del Estado y el desinterés privado que destruye ecosistemas y comunidades originarias y campesinas. Es necesario también impulsar un debate profundo sobre la necesidad de constituir a la naturaleza como sujeto de derechos.

Ahora bien ¿Se trata de proteger la naturaleza y apartarla de lxs humanxs?

La protección de la naturaleza, no debe tratarse como un problema de conservación en sí mismo o como un paisaje vacío, inmaculado, proclive a ser utilizado con fines turísticos. Muchas veces, el discurso científico conservacionista y biologisista, se relaciona y convive con el extractivista, al presuponer territorios vacíos de humanxs, plausibles por un lado de ser explotados y por el otro de ser conservados, expulsando incluso comunidades originarias que viven de y para la naturaleza en una relación de ‘’buen vivir’’.

No se trata de anular la relación de lxs humanos con la naturaleza, sino de transformarla. No es ‘’la humanidad’’ en abstracto quien la destruye, ni tampoco es la misma en forma de ‘’plaga’’ como suelen decir. Los responsables son ciertos sectores políticos y económicos locales y transnacionales, que no contemplan la capacidad de carga del ambiente y los tiempos de su regeneración, promoviendo modelos de desarrollo, que presuponen una naturaleza infinita para ser explotada con fines de intercambio y acumulación monetaria.

El reiterado argumento que anuncia sobre las bondades socioeconómicas que la explotación y exportación de recursos naturales por transnacionales hacia los países ‘’centrales’’, traerá a Nuestra América, ha cumplido este 12 de octubre 527 años de uso continuo, y seguimos con los mismos problemas sociales, económicos, habitacionales y ambientales en nuestro sur global.

El desafío está en pensar y practicar la relación humanx – naturaleza con miradas desde el Sur, la educación popular, la justicia ambiental, social y ecológica.