Por Facundo Sanseverino, equipo SOMOS AMBIENTE

En nuestro país, la reforma de la Constitución Nacional realizada en el año 1994 trajo consigo la inclusión de derechos ambientales que se encontraban ausentes en el texto anterior. A través del nuevo artículo 41 se garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, en el que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

Transcurridos ocho años de aquella reforma, se sanciono la Ley General de Ambiente, en la que se norman presupuestos mínimos con el objeto de reglamentar condiciones para proteger el ambiente, garantizar los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga y el desarrollo sustentable.

La megaminería a cielo abierto, presente en nuestro país desde la década del 90 y ejecutada por transnacionales a las que el Estado Nacional exime de pagar una gran cantidad de impuestos y regalías, funciona a gran escala explotando territorios extensos. Estas corporaciones utilizan miles de litros de agua y electricidad diarios, contaminando con cianuro los ríos y aguas subterráneas provocando desastres socioambientales.

Tras sucesivas movilizaciones vecinales, ambientalistas, de organizaciones locales y ONG internacionales; y en conjunto con la puesta en debate público de las problemáticas y efectos de la megaminería a cielo abierto, se reglamentó en 2011 la Ley de Glaciares. Esta proponía la protección de glaciares y zonas periglaciales, poniendo en jaque numerosos proyectos mineros. Ante esto la Barrick Gold y otras empresas mineras, en conjunto con el gobierno de San Juan, realizaron una demanda judicial en contra de la ley, logrando una medida cautelar y suspendiendo su aplicación.

Tras ocho años, el pasado 3 de junio se da un revés para las corporaciones mineras, cuando la Corte Suprema de Justicia confirma la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, interpelando a Nación y provincias en pos de generar acciones para salvaguardar los glaciares y la zona periglaciar. La importancia de este fallo, además de poner en pie una ley tan importante para defender la fuente de la vida, consiste en reafirmar un derecho colectivo por encima de los derechos de propiedad e individuales.

De cumplirse la ley, supondría la suspensión de 44 proyectos mineros en distintas provincias. Los argumentos que suelen anteponer a menudo las corporaciones mineras y los gobiernos provinciales que los defienden, se basan en mayor medida sobre la ‘’pérdida de miles de empleos’’ que generaría prohibir dicha actividad. Sin embargo, tal afirmación no contrasta con la realidad. Estos proyectos son capital intensivos (requieren más capital que trabajo) y está probado que no solo en nuestro país, sino en otras partes del mundo, el extractivismo no trae beneficios locales a mediano y largo plazo, y deja como contrapartida desempleo y desastres socioambientales sobre las cuencas hídricas y actividades agrícolas locales, entre otros problemas.

Además la profundización de la brecha de desigualdad entre los países que realizan el proceso extractivo y los que se benefician de su rentabilidad es notoria. El costo socioambiental se produce en los países donde se explotan y extraen los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico en otros.

La megaminería es un proceso extractivo de notable injusticia ambiental y social, que nos abre la puerta a cuestionarnos la matriz productiva de nuestro país y preguntarnos sobre quienes son los ganadores y perdedores de este modelo.

El fallo de la Corte Suprema del pasado 3 de junio es muy importante y oxigenador frente a las políticas extractivistas y neoextractivistas que pesan sobre Nuestra América.

El fallo completo: https://www.cij.gov.ar/nota-34763-La-Corte-Suprema-convalid–la-constitucionalidad-de-la-ley-de-preservaci-n-de-los-glaciares-rechazando-el-pedido-de-Barrick-Gold–Minera-Argentina-Gold-y-provincia-de-San-Juan.html