En este 44 aniversario del golpe cívico militar eclesiástico del 24 de marzo de 1976, recordamos cómo en aquel trágico día las FFAA usurparon el gobierno y derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón, destituyeron a los gobernadores, disolvieron el Congreso y las Legislaturas Provinciales, removieron a los jueces de la CSJN y anularon las actividades gremiales y las partidarias. En suma, clausuraron las instituciones fundamentales de la vida democrática. De este modo, a la vez que se desarrollaban acciones de control, disciplina y violencia nunca vistas, se tomaban decisiones económicas que privilegiaban el ingreso de bienes y mercancías desde el exterior por sobre la producción de nacional, en un contexto de violencia descontrolado. Para llevar adelante este modelo, el terrorismo de Estado implementó los campos de concentración para disociar a las personas de sus rasgos identitarios, y sustraerles a sus hijos, entre otras acciones criminales de lesa humanidad. En 1979, en una entrevista, el dictador Videla dijo: «Le diré que frente al desaparecido en tanto este como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está desaparecido».

Desde la vuelta de la democracia esta tarea de buscar justicia por les desaparecides ha sido una demanda social sostenida, intacta pero aun incompleta.

Mas allá del juicio a las juntas, recién con la decisión de anular las llamadas «leyes del perdón» impulsadas por el entonces presidente Néstor Kirchner , el 21-8-2003 el Congreso nacional votó la ley 25.779 que marcó el fin de la impunidad para nuestro país y la reapertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívica militar. El modelo de la dictadura y el neoliberalismo, significó un modelo que nos dice que hay que salvarnos individualmente, ser egoístas, apostar al sálvese quien pueda, el modelo que apuesta por la destrucción del aparato del estado y de la estructura productiva del país.

Luego de esto y de todo lo que se avanzó en esta materia, desde entonces, lamentablemente al finalizar la gestión macrista se verificó un alarmante estancamiento del proceso. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 31 de diciembre de 2019 el Estado argentino efectivizó 237 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país.

En esos 238 juicios hubo 1.580 procesamientos, y como resultado se dictaron 1.354 condenas sobre 975 represores y hubo 204 absoluciones por un universo de 7.848 víctimas. Esto quiere decir que en 13 años de juicios alrededor del 48% del total de los 3.300 imputados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 29,5% de aquel número de procesados fue condenado. De un total de 589 causas, sólo el 40% tuvo sentencia, un 44% se encuentran en etapa de instrucción, lo que equivale a 260 causas, además de haber 70 expedientes a la espera del inicio del juicio oral (12%) y 21 en pleno debate (4%). De las 238 causas que llegaron a sentencia desde 2003 el 66% fueron confirmadas por Casación o Corte Suprema y el restante 34% (81 expedientes) espera resolución en segunda instancia.

Para esto la justicia tarda un promedio de más de 5 años desde que se requiere la elevación a juicio hasta que se confirman sentencias. En los últimos 4 años empeoró la situación de libertad los represores (un total de 2484 imputados, procesados o condenados) porque de un 60 % detenidos contra un 40 % en libertad promedio en 2015, se pasó al 64 % en libertad y sólo el 36% promedio detenido en 2019. Y, de ese 36% de “detenidos” casi el 70% (unos 600 represores) cumplen arresto con el beneficio de la domiciliaria y sólo el 25% lo hace en cárcel común, lo que serían unos 200 genocidas.

Así, frente a la indiferencia hacia las políticas públicas de memoria, verdad y justicia del macrismo en forma de declaraciones negacionistas, la intención (sin éxito) de instalar la teoría de los dos demonios, recorte presupuestario en el mantenimiento de espacios de memoria y en programas vinculados a la investigación de la complicidad civil con el terrorismo de Estado y al acompañamiento de testigos de los juicios de lesa humanidad, el retiro de querellas de la secretaría de derechos humanos en esos debates fueron los “hitos” de cuatro años de “abandono”, el panorama actual claramente es otro. Y aquel es el piso desde donde tenemos q seguir y terminar esta tarea para acabar con la impunidad.

Las señales del nuevo gobierno han sido alentadoras desde que asumió. El presidente Alberto Fernández recibió el apoyo de los organismos de Derechos Humanos, al reunirse con varios de ellos apenas asumió. “Estela, Taty y los organismos de Derechos Humanos saben lo que siento por la lucha que han llevado adelante: una inmensa admiración. Por eso les digo que no necesitan pedir audiencia. Para luchadores y luchadoras de su talla, las puertas de esta casa están siempre abiertas”, escribió el Presidente en Twitter al concluir el encuentro.

Por otro lado, al cierre de su gira por Europa, el Presidente aceptó el pedido de los organismos de derechos humanos en París y se comprometió a analizar una medida que penalice a quienes nieguen los crímenes del terrorismo de Estado como la que se aplicó en Francia en 1990 para cercar las posibilidades de desmentir al Holocausto.

Lamentablemente también hubo un punto gris en esta escalada de compromisos frente a las políticas de memoria cuando el viernes 21 de febrero, el presidente Alberto Fernández encabezó junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, la ceremonia de despedida de un nuevo contingente de Cascos Azules, y dijo «Quiero darles la bienvenida a los nuevos jefes y manifestar mi alegría por el hecho de que hoy todos los oficiales y suboficiales son hombres de la democracia, egresaron de sus escuelas en democracia y esto amerita que de una vez por todas demos vuelta la página y celebremos”. Estas palabras, no fueron bien recibidas por Nora Cortiñas y decenas de organismos de DDHH. Ante esto, rápido de reflejos y consciente de sus dichos, Fernández publicó una serie de tweets en los que pidió disculpas a las víctimas del terrorismo de Estado por su frase sobre «pasar la página» con respecto a la relación entre civiles y militares. El mandatario aclaró que se refería a que ya no hay promociones dentro de las Fuerzas Armadas que hayan participado en la última dictadura cívico-militar. Finalmente, Alberto recibió a Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y al Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel. La reunión se realizó en la Casa Rosada y, al salir, la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora habló con los periodistas. “Ya está saldado”, dijo.

Es que no es menor el gesto de humildad al pedir disculpas a familiares y amigos de víctimas del terrorismo de estado después de tanto maltrato recibido por las instituciones estatales conducidas por el gobierno anterior.

La dictadura del ´76 en materia económica vino a imponer un modelo concentrado de la economía en beneficio de las corporaciones multinacionales y los grupos oligárquicos locales, para lo cual se propuso destruir el esquema de reparto del 50% y 50% de la riqueza entre trabajadorxs y empleadores, transfiriendo la riqueza a los centros del poder económico y destruyendo el rol del Estado como garante de la justicia social.

Su política represiva se propuso romper los lazos de solidaridad de la sociedad e imponer mediante el terrorismo de estado y la “acción psicológica” el individualismo, el terror, el miedo y desconfianza entre el pueblo. Se intentó coartar cualquier posibilidad de recomposición social que resistiera a la imposición del modelo económico.

Por tales motivos, el ejercicio activo de la memoria, la búsqueda permanente de verdad y justicia se encuentran fuertemente vinculadas a la solidaridad como base sobre la cual construir una sociedad más justa; detrás de la defensa de los DDHH y la democracia hay una reivindicación por esa generación exterminada que soñó con una sociedad más justa.

En estos días la pandemia del coronavirus hace que por primera vez desde el fin de la dictadura tengamos que suspender la marcha del 24 de marzo. Este hecho internacional conmueve la salud pública de todos los países del mundo y del nuestro en particular, por lo tanto, va a ser un aniversario muy distinto al que estamos acostumbrados. En momentos duros como los que vivimos, ambos modelos de país salen a flote: de un lado una inmensa comunidad organizada, como la que la dictadura del ´76 intentó disgregar, que pone el cuerpo para superar la crisis: médicos, enfermeros, científicos, trabajadores de la economía popular que mantienen vivos a sus barrios, y del otro lado los egoístas que apuestan a las salidas individuales.

Por eso queremos sumarnos al reclamo de memoria verdad y Justicia que a lo largo de todos estos años hemos sostenido con la palabra y el cuerpo en memoria de los 30.000 desaparecidos, porque la solidaridad es memoria movilizada, y recordar el 24 de marzo así vale la pena.

Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos – CADH