Debido a las graves violaciones a los DDHH de los ciudadanos/as de Chile derivados del absurdo e infundado accionar de su presidente Piñera, los/las integrantes de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos exigimos en forma inmediata el cese de todo tipo de represión, hostigamiento y persecusion a las personas que se manifiestan, como así también el retiro inmediato de las fuerzas militares de las calles.

Parece increíble que luego de la violación sistemática de DDHH producida en Chile en la dictadura de Pinochet, todavía existan dirigentes políticos que llamen «guerra» al reclamo por más derechos efectuado por el pueblo.  Lo que pasa en realidad en estos días en Chile es ni más ni menos que el cansancio de un pueblo sometido a políticas económicas ultraliberales que no sólo no amplían derechos, sino que empobrecen a los sectores medios y postergan aún más a los sectores populares. Ante la movilización de la ciudadanía chilena, el Gobierno de Piñera ordenó una absurda represión, el toque de queda y la alarmante participación de las fuerzas militares en la calle. Hasta ahora se habla ya de15 muertos y más de 1400 detenidos.

La suba del boleto del transporte fue sólo el detonante de un descontento social subterráneo pero creciente, por eso las manifestaciones de los últimos días son la expresión de aquello, que en concreto refieren a una serie de reclamos como la crisis del sistema de salud y educación, hasta las altas tarifas energéticas, la privatización del acceso a bienes básicos para la vida como el agua, etc. Por eso, reiteramos: en Chile no hay ninguna guerra, sino un pueblo movilizado, reclamando por sus derechos, por igualdad y por condiciones más dignas de vida.  


Instamos a la Justicia trasandina a llevar adelante una urgente investigación judicial de la intervención de las fuerzas de seguridad y militares intervinientes, con participación internacional que asegure la plena independencia y eficacia del proceso. También, expresamos nuestra solidaridad con el pueblo chileno que viene reclamando más derechos e igualdad, y con los organismos de derechos humanos trasandinos que están denunciando la violencia estatal, la criminalización de la protesta y la suspensión de las libertades constitucionales.