*Escribe Nadia DeRosa, abogada de la CADH.

La trata de personas configura una de las más graves violaciones a los derechos humanos y libertades fundamentales, y es a su vez producto de una privación, principalmente, de los derechos económicos, sociales y culturales.


Conforme la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la trata de personas se encuentra en el tercer lugar entre los negocios delictivos más rentables, luego del tráfico de armas y el narcotráfico.


Desde una perspectiva de género, resulta fundamental desnaturalizar las relaciones de poder basadas en patrones culturales patriarcales que reproducen las desigualdades de género y que favorecen la dominación y el abuso de un sexo por el otro. Como sociedad debemos generar conciencia reflexiva sobre estas situaciones, eliminar los prejuicios sexistas, y comenzar a deslegitimar ciertas prácticas todavía aceptadas o toleradas y que configuran una clara violación a los derechos humanos.


El derecho es ciertamente una herramienta fundamental para comenzar a realizar cambios sociales y culturales. En tal sentido, la República Argentina, en respuesta a los compromisos internacionales asumidos, ha sancionado la ley 26.364 en el año 2008, que tiene por objeto adoptar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, y de asistir y proteger a sus víctimas. Asimismo, esta norma fue modificada en diciembre de 2012 por la ley 26.842, con un importante avance como suprimir la exigencia de que mediaren medios comisivos como el engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad para que se configure el delito, y estableciendo que el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores. La normativa señalada además profundiza en la adopción de políticas públicas por parte de distintas áreas del Estado nacional y las provincias para trabajar de manera coordinada en la prevención de este delito y en la restitución de derechos a las víctimas.


Asimismo, se ha dictado el decreto 936/11 que prohíbe “los avisos que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de Trata de Personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”.


La trata de personas es un delito complejo, sus consecuencias también lo son, por lo que se requiere un abordaje integral, desde la prevención, la sanción, la protección y la asistencia, para comenzar a erradicar la trata, desmantelando las redes criminales, creando condiciones de vida dignas para que todas las personas puedan ejercer su derecho a desarrollarse libre y plenamente, y generando redes de contención y oportunidades para que quienes fueron víctimas logren apropiarse nuevamente de sus derechos y alcancen su plena reinserción social.


Durante estos cuatro años de gobierno macrista casi no se han registrado denuncias de trata ni se han desmantelado redes significativas.

Para abordar este problema debemos trabajar en un Plan de prevención, de asistencia real a las víctimas, de persecución del delito y desmantelamiento de las redes y de elaboración de políticas públicas.

Cuando la ley nos habla de prevención establece protocolos, educación y formación con perspectiva de género en instituciones, organismos, escuelas, fuerzas armadas y policiales, campañas de difusión sobre el delito de trata y explotación.

Cuando se refiere a asistencia a la víctimas se refiere a protección médica, psicológica, social, jurídica, ayuda en la obtención de oportunidades laborales. En lo concreto termina ocurriendo que ante la burocracia que conllevan los trámites las personas rescatadas muchas veces tienen que volver desprotegidas a sus provincias, incluso cayendo nuevamente en las redes.

La ley también crea un Comité y un Consejo Federal contra la TRata, Un Sistema de Denuncias, exige la creación de un Registro de Datos vinculados con los delitos de trata y explotación, y exige la coordinación entre las provincias.

Para que todas estas obligaciones que establece la ley se cumplan tiene que haber recursos disponibles y una voluntad política de que cuidar la vida y derechos de las mujeres, y disidencias es una prioridad de este gobierno. No nos sorprende que no lo sea, sabemos el poco presupuesto que designa también para la prevención y erradicación de la violencia; como la inexistencia de políticas públicas para personas trans; incluso la no implementación de la esi en las escuelas.

Las mujeres y disidencias necesitamos políticas públicas con recursos destinados para que sean reales y efectivas, sino seguirán siendo parte de lindos discursos, mientras nuestras vidas y derechos siguen en peligro