Se encuentra abierto hasta el 18 de octubre el plazo para que se presenten todas aquellas personas que cuenten con interés en ser parte en nuevo proceso colectivo que tiene por objeto “la protección integral del colectivo de habitantes en situación de calle o en riesgo de estarlo y el efectivo y cabal cumplimiento de lo prescripto por los art. 4, 7 y 8 de la ley 3706 y art. 8 de la ley 4036, tendiente a operativizar los derechos de esas personas, especialmente en lo relativo a la formulación e implementación de políticas públicas en materia de vivienda y salud”.

Se trata de una nueva acción de amparo colectiva promovida por la Coordinadora Argentina de Derechos Humanos (CADH) junto a Victoria Donda y Laura Velasco con el objeto de que el GCBA brinde una efectiva protección a las personas en situación de calle, especialmente en lo relativo a las políticas de vivienda y salud de este sector y con un particular enfoque en cuanto a que los servicios socioasistenciales ofrecidos a dicho colectivo tengan como objetivo la superación de la situación de vulnerabilidad que atraviesan esas personas.

La causa tuvo su origen en pleno invierno de este año, cuando el frio y la desidia gubernamental se llevaron, entre otras, la vida de Sergio Zacarías en las calles de nuestra ciudad. Fue también en ese entonces cuando River Plate -entre otros clubes- abría las puertas de su estadio para acoger a las personas sin techo.

En aquel entonces, altos funcionarios del GCBA -entre ellos el Vicejefe Diego Santilli- afirmaban por los medios de comunicación que el lamentable hecho se explicaba en la negativa por parte de las personas en situación de calle a acudir a los paradores del GCBA y en que “prefieren” dormir en la calle.

A nuestro juicio, esas declaraciones eran reveladoras de lo que muchxs ya sabemos: las políticas públicas en esta materia son, además de ineficientes, poco serias en cuanto a su elaboración y diagnóstico previo. Ni hablar en lo relativo a la necesaria (establecida por ley) participación de las organizaciones sociales que trabajan el tema. Así ha quedado demostrado en otra causa judicial también promovida por la CADH, Victoria Donda y Laura Velasco en el año 2016 y que obtuvo sentencia favorable en 2018 (primera instancia) y 2019 (Cámara de Apelaciones).

En esa oportunidad, en un fallo de la jueza Elena Liberatori del año pasado -confirmado este año por la Sala I de la Cámara de Apelaciones CAyT- se declaró “…el incumplimiento absoluto y reiterado de lo normado en el artículo 4° inciso k de la Ley 3706 por parte del GCBA en relación a los relevamientos realizados en los años 2016 y 2017 de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo”.

Vale recordar que la ley 3706 obliga al GCBA a “La realización de un relevamiento anual de las personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle con información desagregada que posibilite un diagnóstico y fijar políticas puntuales para los distintos subgrupos. Se promoverá la elaboración del diagnóstico con la participación de expertos en la materia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil integradas o no por personas en situación de calle o en riesgo a la situación de calle”.

En la causa antes referida, la justicia logró determinar que el Gobierno de la Ciudad incumple en forma absoluta y reiterada lo establecido por esta ley. Entonces, si el GCBA no lleva a cabo correctamente el relevamiento de las personas en situación de calle, no cuenta con un diagnóstico serio ni da participación -tal como exige la ley- a las organizaciones… ¿Cómo puede esperarse que las políticas implementadas vayan a ser exitosas?

Por tales motivos, en julio de este año solicitamos el dictado de una medida cautelar autónoma a fin de que se le ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que adopte un plan de emergencia ante la ola de frio invernal a fin de preservar y resguardar la vida y salud de las personas en situación de calle y en riesgo a estarlo, que prevea opciones de servicios socioasistenciales de alojamiento y/o asistencia económica ALTERNATIVAS al ofrecimiento a dichas personas de acudir a los `paradores nocturnos` de la Ciudad.

La ecuación era muy sencilla: si el propio GCBA reconocía que las propias personas en situación de calle rechazaban la posibilidad de ir a los paradores -y permanecer en la calle en pleno invierno- eso era la muestra mas determinante del fracaso absoluto de las políticas públicas del macrismo porteño para hacer frente a esta problemática. Sobre todo, teniendo en cuenta las circunstancias ya apuntadas en el fallo de Liberatori del 2018.

Así fue como la justicia hizo lugar a nuestro pedido y ordenó al GCBA que adoptara en forma urgente las medidas solicitadas. Cabe apuntar que, a la fecha, el gobierno no ha dado cumplimiento a la orden judicial de preservar la vida y la salud de las personas en situación de calle introduciendo mejoras al sistema de prestaciones vigente en la materia.

Entre los elementos que se tuvieron en cuenta para hacer lugar al pedido, encontramos en primer lugar un informe de la AUDITORIA GENERAL DE LA CABA que da cuenta de la calamitosa situación de los “paradores propios” del GCBA y que quizá explique porque algunas personas “prefieran” quedarse en la calle en lugar de alojarse allí.

En el documento en cuestión, la Auditoría General de la Ciudad ha puesto en evidencia los severos problemas que presentan los paradores: 1) deficiencias en materia de control interno; 2) irregularidades de infraestructura edilicia; 3) deficiencias en aspectos financieros y contables y 4) dificultades en el desarrollo de los servicios psico-sociales y el seguimiento sanitario de los beneficiarios, por falta de recursos humanos, “lo que no contribuye a la superación de la situación de vulnerabilidad de las personas en situación de calle.”.

También se ha tenido en cuenta la experiencia transitada por el CENSO POPULAR DE PERSONAS EN SITUACION DE CALLE realizado por decenas de organizaciones públicas, sociales y políticas (entre ellas el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la propia Auditoria General). A través de esta experiencia se ha logrado determinar que el número de personas en situación de calle y en riesgo de estarlo es ostensiblemente superior al que da cuenta el “relevamiento oficial” del GCBA, lo que da muestras una vez del nivel desastroso de las políticas implementadas en la materia.

Finalmente, es preciso señalar que con posterioridad a la interposición de esa medida cautelar autónoma se interpuso una “acción de amparo” de fondo a efectos de poder discutir integralmente la política pública en cuestión. Dicho amparo tiene el siguiente objeto:

Que se ordene al GCBA cesar en la omisión de proteger integralmente a las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo en que incurre y se lo condene a dar cabal cumplimiento a lo previsto en los arts. 4, 7 y 8 de la Ley 3706 y en el art. 8 de la Ley 4036 a fin de proteger integralmente y operativizar los derechos de dichas personas, en particular lo relativo a la formulación e implementación de políticas públicas en materia de vivienda y salud elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado en relación a las personas antes mencionadas y a asegurar que los servicios socioasistenciales ofrecidos a dicho colectivo tengan como objetivo la superación de la situación de vulnerabilidad que atraviesan.

En particular, se solicita que se ordene al GCBA:

a) Que adecúe la red socioasistencial de alojamiento que actualmente dispone la Ciudad a fin de que permita a quienes la utilizan superar la efectiva situación de calle o en riesgo de estarlo. A tales fines, deberán adoptarse las medidas tendientes a:

●  Garantizar condiciones adecuadas de salubridad, habitabilidad, seguridad e higiene en cada uno de ellos, en lo relativo a su infraestructura edilicia.

●  Contar con una dotación adecuada de recursos humanos, especialmente profesionales, abocados/as a la atención psico-social y sanitaria de los/as beneficiarios/as.

●  Contar con pautas en materia de control interno y sistemas de registración diaria de las personas asistidas a fin garantizar una adecuada coordinación con los efectores del programa y/o de otros programas del GCBA.

●  Establecer protocolos tendientes a articular e implementar adecuadamente las políticas establecidas en los inc. c), g) y h) de la Ley 3706 de un modo tal que contribuya a la superación de la situación de calle o el riesgo a la situación de calle los/as usuarios/as de las mismas.

b)  Que adecúe la asistencia económica prevista en el art. 8 de la Ley 3706 a fin de que permita los/as beneficiarios/as superar la efectiva situación de calle o el riesgo de estarlo, Al respecto deberán adoptarse las medidas tendientes a que la ayuda económica no se torne abstracta o inoficiosa, y en particular:

●  Ajustar los montos de la asistencia económica a lo especialmente establecido en el art. 8 in fine de la Ley 4036 por cuanto dispone que las prestaciones económicas en materia de políticas sociales “En ningún caso podrá ser inferior a la Canasta Básica de alimentos establecida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)…”.

●  Fijar como prioridad de la atención económica los grupos familiares que en forma reciente han quedado en situación de calle o se encuentren en riesgo a la misma.

●  Adoptar medidas adecuadas para aquellos/as beneficiarios/as de la ayuda económica con dificultades para administrar la misma (por ejemplo, personas con consumos problemáticos, padecimientos en su salud mental, etc) en los casos en que resulte necesario canalizar la asistencia mediante esta vía, tales como el “cobro tutelado” o asistido del subsidio.

c) Que adopte servicios socioasistenciales de alojamiento alternativos a los “paradores nocturnos” que dispone actualmente la Ciudad a fin de hacer frente al hecho de que una parte de las personas en situación de calle se rehúsa a acudir a los mismos.

d) Que disponga de dispositivos de alojamiento y/o centros de integración exclusivos para personas trans en situación de calle o en riesgo de estarlo.

e) Que adopte políticas puntuales destinadas a aquellos grupos familiares en situación de calle o en riesgo de estarlo compuestos por niños, niñas y adolescentes.

f) Que adopte las medidas conducentes a fin de garantizar de que cada una de las vías de asistencia cuenten con una adecuada y efectiva implementación de las siguientes políticas descriptas en la ley 3706 a fin de establecer un abordaje integral que posibilite superar la situación de calle o el riesgo a la misma de las personas beneficiarias de las mismas:

●  La formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del estado (art. 4 inc. c).

●  El acceso prioritario a los programas de desintoxicación y tratamientos para condiciones asociadas al abuso de sustancias, la salud mental y las discapacidades de acuerdo a las particularidades del sujeto que solicita el servicio, en el caso de personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle con discapacidad y adicciones (art. 4 inc. g).

●  La orientación de la política pública hacia la promoción de la formación y el fortalecimiento de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle (art. 4 inc. h).

Finalmente, que se ordene la elaboración de un Plan Integral de Protección de las Personas en Situación de Calle o en riesgo de estarlo -con su correspondiente asignación presupuestaria- que prevea en forma precisa el cumplimiento e implementación progresiva de la Ley 3706 y de los puntos detallados anteriormente, previendo y posibilitando especialmente la participación de las organizaciones y la publicidad.

En estos días, esta nueva causa fue aceptada como proceso colectivo, razón por la cual se encuentra abierta la posibilidad que se sumen nuevos actores con interés en las cuestiones que se tratan. El plazo es hasta el 18 de octubre.

El propósito de esta causa es lograr un cambio estructural en el diseño de la política pública de la Ciudad en relación a las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo de modo tal que dicha política sea respetuosa de la vida y la salud de esas personas y, sobre todo que permita la superación de la situación de vulnerabilidad que lleva a miles de personas a terminar en la calle.

En el marco de esta causa, es posible lograr algo fundamental en ese camino y algo a lo que el GCBA se ha negado sistemáticamente: la participación de las organizaciones abocadas al abordaje de esta problemática. Solo en forma colectiva lograremos un cambio estructural en la materia.

Por eso convocamos a todas las organizaciones interesadas a sumarse a esta causa colectiva.

CADH – Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos

DATOS DE INTERÉS DE LA CONVOCATORIA:

Causa: “DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA Y OTROS CONTRA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SOBRE AMPARO – SALUD – OTROS”, (Expte. A5484-2019/0) junto con los autos conexos “SULEIMAN LILYAN VARINA CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO – OTROS” (Expte. A6395- 2019/0).

Motivo: Todas aquellas personas que tengan un interés jurídico en integrar el proceso, ya sea como actora o demandada, para que se presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda.

Objeto: la protección integral del colectivo de habitantes en situación de calle o en riesgo de estarlo y el efectivo y cabal cumplimiento de lo prescripto por los art. 4, 7 y 8 de la ley 3706 y art. 8 de la ley 4036, tendiente a operativizar los derechos de esas personas, especialmente en lo relativo a la formulación e implementación de políticas públicas en materia de vivienda y salud. Asimismo, la causa conexa, tiene por objeto que los programas gubernamentales que existen, destinados a asistir a personas en situación de calle durante los días de condiciones adversas temporales, garanticen el derecho a la vida, a la salud y a la dignidad (Causa conexa: “SULEIMAN LILYAN VARINA CONTRA GCBA Y OTROS SOBRE AMPARO – OTROS” Expte. A6395- 2019/0).

Plazo: vence el 18/10/2019 (dos primeras: lunes 21/10, de 09:00 a 11:00 horas).

Tribunal: Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en Av. De Mayo 654, 7mo. piso (Frente) de la CABA, a cargo del DR. GUILLERMO SCHEIBLER, Secretaría N° 26 a cargo de MARÍA MILAGROS BRUNO. Horario de atención: 09:00 a 15:00 horas).

Escrito Demanda del amparo colectivo: **********

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