En el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se expidió sobre los distintos habeas corpus colectivos presentados en relación con la acuciante situación carcelaria de hacinamiento e insalubridad en el marco de la pandemia, cuestión sobre la que esta CADH viene haciendo numerosos señalamientos.

El juez Violini, a cargo de la Cámara de Casación Provincial había resuelto:

  • El arresto domiciliario por el periodo de vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio de las personas detenidas por delitos leves que se hallaran dentro de la población de riesgo sea por edad o por patologías preexistentes, debiendo resolver en estos casos el Tribunal competente. En relación a los detenidos de riesgo pero por delitos graves sostuvo que debería resolver cada Tribunal analizando las circunstancias el caso.
  • Que los jueces de ejecución que tengan a disposición condenados sin sentencia firme o con cómputo de pena pendiente y a los que le faltasen 6 meses o menos para obtener la libertad asistida o condicional, debían evaluar la posibilidad de otorgar la detención domiciliaria.
  • Reiteró la prohibición de mantener alojados en comisarías a personas mayores a los 65 años de edad.

La nueva resolución en su considerando IV deja sentado el estado de superpoblación y hacinamiento en que se encuentran las cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires, la grave contingencia que genera la pandemia, la existencia de una población de riesgo y la necesidad de tomar medidas al respecto.

Sin embargo, sostuvo la Corte que no existe homogeneidad en el colectivo determinado en la acción colectiva y que por ende no corresponde asignar una respuesta general como lo hizo la resolución recurrida sino que se requiere un análisis circunstanciado caso por caso como paso previo a resolver la concesión de un beneficio. También remarcó la necesidad de dar intervención previa a las víctimas y remarcó la imprecisión de conceptos tales como “delitos graves y leves” a los efectos de determinar el universo de casos implicados. Para la Corte la competencia sobre cada caso en particular recae en los Tribunales a cuya disposición se encuentran los detenidos y no a la Cámara de Casación en el marco de un habeas corpus colectivo.

A su vez, la Corte señaló que las pautas a seguir en relación con las personas detenidas que integran los grupos de riesgo fueron expuestas en el marco de la Resolución 52/2020, la que fue desoída por la Casación en tanto señalaba que “era atribución de los jueces competentes” evaluar la adopción de medidas alternativas a la prisión.

Además, la Corte indicó que la Casación omitió aplicar el artículo 163 del Código Procesal en tanto prescribe que la atenuación de una medida de coerción se hará efectiva una vez firme.

Más allá de todo esto la Corte estableció una serie de “guías o directrices” para que cada juez resuelva en el caso concreto, entre las que se cuenta evaluar los bienes jurídicos afectados, las condiciones personales de los detenidos, las modalidades comisivas, el nivel de organización delictual, la pena en expectativa o la ya establecida, los riesgos procesales, la situación de la víctima, etc.

De este modo, lo resuelto por Casación no es revocado sino “reencauzado” a los efectos de que cada Tribunal resuelva en cada caso, pero siguiendo estas pautas y se confirma parcialmente la resolución en tanto reitera la prohibición de alojar en comisarías a personas mayores de 65 años, enfermos, menores de edad o mujeres embarazadas.

Por último la Corte exhorta a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a hacer efectiva en la Provincia de Buenos Aires la Ley Nacional N° 27.372 en relación a los derechos de las víctimas de delitos y recuerda a las autoridades administrativas la importancia de ajustar las medidas y programas al contexto de pandemia actual.

No basta con reconocer el hacinamiento y la superpoblación carcelaria. Es necesario adoptar medidas generales que permitan solucionar rápidamente esta situación. Las huelgas de hambre y demás protestas iniciadas en las cárceles son una reacción desesperada frente al avance de la pandemia que deben ser escuchadas. El fallo de la Suprema Corte provincial es un lamentable retroceso en este sentido. No obstante ello, tanto la Corte como la Casación son contestes en relación a la gravedad de la situación y la necesidad de obrar con premura en cada una de las causas implicadas.