DERECHOS CONSTITUCIONALES VS. LOS TERRATENIENTES

*Escribe Dra Nadia De Rosa

Hemos vivenciado un cambio de paradigma con la reforma constitucional de 1994, cuando la misma incorpora y reconoce a los pueblos originarios como preexistentes.

Antes de la reforma los mismos no eran reconocidos como preexistentes, sino que nuestra Constitución decía “Proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo”. 

El cambio incorporado en el ARt 75 inc 17 de la CN es clave para repensar nuestro país y nuestro respeto por los derechos de los pueblos originarios.

La cuestión central de las reivindicaciones de los Pueblos Indígenas y sus Comunidades, la constituye el Territorio, asumida ancestralmente como un espacio vital y no sólo como un medio de reproducción, el Territorio ha constituido un bien material y espiritual, que ha estado en disputa desde el momento mismo de la invasión occidental y del nacimiento de los Estados como Nación.

Lejos se encuentran las leyes y nuestra propia Constitución de ser realidades para las distintas comunidades que viven en territorios argentinos. 

A mediados de año se realizó una presentación en el Congreso Nacional de un anteproyecto para la regulación de la Propiedad Comunitaria Indígena (que ya consta en nuestro Código Civil y Comercial). Esta institución reconoce a los pueblos originarios un territorio que hoy ocupan pero que está constantemente amenazado por los terratenientes que tienen “un título de propiedad inmueble”. Hay aquí una obligación del estado, que se encuentra violando constantemente los derechos de los pueblos indígenas.

En este sentido, hace semanas, la diputada Victoria Donda, presentó el proyecto de ley de propiedad Comunitaria, con el fin de fortalecer la defensa de las tierras comunitarias de las Comunidades Indígenas de los desalojos, usurpación, criminalización de las autoridades, el cuidado del medio ambiente, restaurar la vida en armonía con la naturaleza, y la convivencia Intercultural en un estado Plurinacional y Pluricultural.

En la provincia de Jujuy, se encuentra el pueblo Ocloya, uno de los tanto ejemplos de lo que viven nuestras comunidades originarias en su dia a dia. Desde hace años la comunidad indígena de Tilquiza y el pueblo Ocloya son amenazados, amedrentados y tiroteados con armas de fuego. Realiza el terrateniente que ostenta ser el “dueño de esas tierras” acciones que vulneran los derechos de la comunidad indígena; desde el cerramiento de caminos ancestrales a través de portones con candado, cables con corriente eléctrica conectados a través de panel solar y atrapa ganado, impidiendo el libre tránsito de la comunidad por sus caminos, obligándolos a transitar en forma inhumana por un camino alternativo sobre el río Tilquiza, que en verano se torna intransitable por la crecida, quedando aislada la comunidad. Si bien las denuncias realizadas ante la justicia son varias, e incluso varios hechos de amedrentamiento y violencia fueron constatadas en el 2017 por autoridades del INAI –Institutos de Asuntos Indígenas, la violencia no sólo que no cesa, sino que incluso Verzini, ha denunciado penalmente al Cacique Jerez y su hermano, por calumnia e injurias el año pasado.

Es tarea del Estado legislar y garantizar políticas públicas que en concordando con nuestra Constitución Nacional, logrando hacer primar los derechos de los hermanos originarios buscando soluciones y poniendo límites a los terratenientes que con su poderío económico violentan a las comunidades indígenas.-