(Foto: Adrián Matías Escandar)

En una extensa resolución, publicada en el Boletín Oficial del 24 de diciembre[1], el Ministerio de Seguridad derogó una serie de decisiones de la Administración anterior sobre las cuales se sustentó la “Doctrina Bullrich” en materia de seguridad y que representaron un grave retroceso en materia de Derechos Humanos y en la calidad institucional y democrática.

Entre las medidas derogadas, una de las de mayor trascendencia es el “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad” creado por Patricia Bullrich allá por el año 2018 en el marco de lo que se conoció como “Doctrina Chocobar”: una lisa y llana institucionalización del gatillo fácil y la brutalidad policial.

Desde la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos promovimos junto a un grupo de Diputados y Diputadas Nacionales una acción de amparo[2] -de la que también participaron otros organismos de DDHH como el CELS y Liberpueblo- con el objeto de que se decrete la inconstitucionalidad de dicho reglamento.

Mediante aquella resolución se pretendió extender más allá de los límites legales el campo de utilización de armas de fuego por parte de lxs agentes de las fuerzas federales de seguridad transgrediendo abiertamente el régimen de legítima defensa de prevé el Código Penal y el estándar de respeto a los DDHH que instituye tanto la Ley de Seguridad Interior N° 24.059 como los instrumentos internacionales[3] que rigen la materia.

Así, el Gobierno Nacional entendió precisamente que el reglamento en cuestión “…configura una ampliación que excede los criterios impuestos por la normativa hasta aquí detallada y se aleja del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad” y que “…atenta contra el principio de proporcionalidad y el de racionalidad del uso de la fuerza letal; principios que, junto con la excepcionalidad y la progresividad, rigen el accionar policial en el modelo de un Estado Democrático de Derecho”, entre otros fundamentos empleados en la resolución para su derogación.

Otra de las decisiones adoptadas fue la de derogar la resolución que introdujo la utilización de pistolas “Taser” por parte de las fuerzas federales. Aquí otra vez las nuevas autoridades recogieron las voces críticas que desde una óptica de los derechos humanos nos opusimos a esta irracional medida que no hacía más que robustecer el carácter represivo de las fuerzas de seguridad.

Ello así, puesto que dicha medida se implementó sin que se establecieran reglas claras para su utilización que permitieran al menos acotar, limitar y prevenir una utilización de este tipo de armamento al que se denominó “no letales” en comparación con las armas de fuego.

Un argumento más que interesante que recoge el nuevo Ministerio es precisamente que no se trata de armas “no letales” sino tan solo “menos letales” que las de fuego, pero que de ningún modo su utilización puede quedar por fuera del estándar que rige a aquellas: proporcionalidad, excepcionalidad, racionalidad y progresividad, como ya hemos señalado. Por tal motivo, la decisión de derogar esta decisión va acompañada de una instrucción para la creación de un régimen de regulación del empleo -que deberá ser excepcional- de este tipo de armamento y la cual merecerá un estudio y seguimiento por parte de la comunidad de DDHH.

También fue derogada la resolución que instituyó el programa “Ofensores en Trenes” por el cual Patricia Bullrich facultó a las fuerzas de seguridad a pedir documentos al boleo en los trenes, creando condiciones objetivas para detenciones arbitrarias al por mayor e imputaciones forzadas de resistencia a la autoridad.

Recordemos que se trató de una medida sumamente electoralista sin ningún sustento fáctico y real. Afortunadamente, también fue derogado señalando, entre otras cosas que se trata de una resolución discriminatoria y estigmatizante y que se sitúa por fuera de la reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia[4].  

Finalmente, existen dos medidas más: las derogaciones del Servicio Cívico Voluntario en Valores y del establecimiento de un “Centro de Formación de Gendarmes” en el histórico complejo turístico de Chapadmalal. Se trata de dos medidas vinculadas a la fuerza federal favorita de la anterior Ministra, la Gendarmería Nacional.

En el primer caso, la cartera de Seguridad consideró que asignar funciones pseudo educativas y de “cohesión social” a una fuerza federal militarizada no solo resulta incompatible con las funciones específicamente asignadas mediante su ley orgánica, sino que implica la ampliación del ámbito de actuación de una fuerza de tales características hacia el universo de las políticas sociales, invadiendo además la jurisdicción natural de otros Ministerios (Educación, Desarrollo Social, Trabajo, etc.).

Con relación a la segunda cuestión, se destacó que dicha disposición se hizo pasando por alto el hecho de que el complejo turístico de Chapadmalal fue declarado monumento histórico nacional y que la decisión no contó con el aval de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos. También, aludió a voces críticas de la sociedad civil que se oponían a la medida dada la trascendencia histórica, social y cultural de aquel lugar que se pretendía convertir en escuela de gendarmes.

Vale recordar que la Gendarmería Nacional fue sin dudas la fuerza de seguridad más comprometida con la política represiva, ilegal y antidemocrática del gobierno anterior encabezada por Bullrich y que tuvo como corolario la responsabilidad de aquella fuerza en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado en la Patagonia argentina. También desde la CADH hemos denunciado y litigado en los Tribunales contra dicha fuerza por su accionar represivo en manifestaciones sociales.

Saludamos y valoramos las medidas adoptadas por la nueva Ministra de Seguridad. Así como la reciente Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva permite detener la caída estrepitosa en materia económica y social para de ese modo, luego de estabilizada la situación, plantear un escenario de crecimiento y recomposición, la Resolución N° 1231/2019 del Ministerio de Seguridad establece un corte abrupto con una serie de políticas del gobierno anterior que permitieron montar un sistema represivo, ilegal y antidemocrático en materia de seguridad.

A partir de ella, corresponde entonces avanzar decididamente en la reconstrucción de un paradigma de Seguridad Democrática propias de un Estado Social y Democrático de Derecho, con plena vigencia y respeto a los Derechos Humanos.  

COORDINADORA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS (CADH)


[1] Resolución N° 1231/2019 (RESOL-2019-1231-APN-MSG).

[2] Se trata de la causa “DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA Y OTROS C/ EN-M SEGURIDAD S/AMPARO LEY 16.986” N° CAF 084063/2018 (Juzgado Contencioso Administrativo Federal 10, Secretaría N° 19).

[3] “Código de Conducta para Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” establecido por la Asamblea General de la ONU y “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley” adoptados por el 8° Congreso de la ONU sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba. (1990).

[4] “Torres Millacura y otros vs. Argentina”.