La Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH) patrocinó una presentación de Amicus Curiae que realizaron diversas personalidades a favor de la constitucionalidad del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Se trata de las Legisladoras porteñas Laura Velasco y Cecilia Segura (Frente de Todxs) junto con la médica Viviana Mazur (Referente del Área de Acceso a I.L.E. del Equipo Coordinación Salud Sexual, SIDA e ITS – GCBA) y la Dra. Cintia Mónaco de la CADH. Fue en el marco de una acción de amparo iniciada por el Partido “Celeste” junto a abogados “Anti derechos”.

La causa “Partido Demócrata Cristiano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro c/ EN-M Salud y Desarrollo Social s/ Amparo Ley 16.986” Número: CAF 067442/2019 que tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3 tiene por objeto que se deje sin efecto por “inconstitucional” la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación y que se dicte una medida cautelar a los fines que se suspenda la aplicación de la misma.

Dicha resolución fue dictada el día 12 de diciembre por la nueva gestión del Ministerio de Salud de la Nación y mediante ella se dispuso la aprobación del “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo” (2da Edición 2019) con la finalidad de “…ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino” sobre la base de “…la mejor evidencia científica disponible y en la experiencia de implementación de versiones anteriores de protocolos nacionales y provinciales”.

Es en ese contexto que desde la CADH junto a estas personalidades nos presentamos como “Amicus Curiae” para defender la constitucionalidad y la convencionalidad del Protocolo ILE y para rechazar la pretensión de los actores de dicho amparo, que basan toda su pretensión en afirmaciones falsas, erróneas y retrógradas sobre el derecho a la interrupción legal del embarazo que consagra el Código Penal Argentino desde 1921.

Basamos nuestra posición en tres argumentos centrales:

1) Que tal como dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido fallo “FAL” del año 2012, la interrupción legal del embarazo prevista en el art. 86 del Código Penal (ante casos de violación o afectación de la salud de la persona gestante) es perfectamente compatible con la constitución y con los tratados internacionales de DDHH que gozan de jerarquía constitucional.

2) Que existe en el ámbito de la Legislatura de la CABA un proyecto de ley que plantea la adhesión a la Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación y la adopción del Protocolo en el ámbito de la Ciudad. De este modo, una decisión judicial tendiente a suspender dichos instrumentos no solo afectaría de modo irreversible los derechos de las personas que legalmente tienen garantizado el acceso a dicha práctica (conf. art. 86 CP) sino también el ejercicio de las competencias legislativas locales en la materia.

3) Que fue la propia CSJN quien en el año 2012 exhortó tanto al Estado Nacional como a las Provincias a instrumentar protocolos hospitalarios que garanticen dicha práctica médica y que no es necesario –dada su perfecta compatibilidad con el ordenamiento jurídico– requerir orden judicial previa. En dicha inteligencia, tanto la resolución del Ministerio de Salud de la Nación como el Proyecto de Ley que se encuentra presentado en la Legislatura porteña no vienen más que a dar estricto cumplimiento con el requerimiento del máximo Tribunal de la Nación.

De esta manera buscamos aportar elementos jurídicos al Tribunal de la causa para que rechace la pretensión del Partido Demócrata Cristiano y consagre la validez constitucional del Protocolo ILE y, de este modo, no exista ningún obstáculo judicial para su plena implementación, tanto en la CABA como en el resto del país.

La aprobación del Protocolo por parte del Ministerio de Salud es un gran avance en materia de DDHH –más teniendo en cuenta el bochorno ocurrido en la última semana del gobierno de Macri– pero requiere de una correcta e integral implementación, sin excusas, sin dilaciones ni “rebusques” jurídicos, para su plena satisfacción.

Convocamos a toda la comunidad de Derechos Humanos a pronunciarse al respecto y a trabajar activamente por la eliminación de las barreras fácticas y jurídicas que dificultan o buscan impedir su plena implementación.      

20 de diciembre de 2019

Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH)

Contacto: Dra Cintia Monaco 1165287511