Fallo del Tribunal Superior de Justicia de la CABA

En el día de hoy se conoció un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) por el cual se rechazó un amparo promovido por un conjunto de asociaciones civiles en defensa de los derechos políticos de las mujeres. Se trataba de una acción judicial contra la designación de un auditor varón en la Auditoría porteña (AGCBA) en violación al cupo femenino -mínimo- del 30% que consagra la constitución local para la conformación de los organismos públicos.

Tanto la primera como la segunda instancia habían considerado que el hecho de que la AGCBA quedara conformada por dos mujeres (28,57%) y cinco varones (71,43%) violaba la cláusula constitucional y por lo tanto declaró nula la designación del quinto auditor varón. Asimismo, ordenó a la Legislatura realizar un pedido público de disculpas al colectivo de mujeres discriminado con tal designación.

Sin embargo, el máximo tribunal porteño revocó la decisión de las anteriores instancias al considerar que no se trataba de un acto discriminatorio porque “no se había discriminado a ninguna mujer en particular” y que tampoco había sido impugnada oportunamente la propuesta del auditor varón en sede legislativa, entre otros cuestionables argumentos. Así las cosas, cabe destacar que se trató de un voto dividido, puesto que las Dras. Ruiz y Weinberg disintieron con el resto de los integrantes del TSJ y votaron por la confirmación de la sentencia.

Expresamos nuestro más enérgico rechazo a la decisión del TSJ por cuanto representa un grave retroceso en la interpretación y protección judicial de los derechos políticos de las mujeres. La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y las convenciones internacionales que, como la CEDAW, en nuestro país gozan de jerarquía constitucional, imponen de manera estricta el deber a los Estados (entre los que también se ve alcanzada la CABA) de adoptar acciones afirmativas para consagrar tales derechos.

Esta clase de medidas deben ser interpretadas como verdaderas garantías y obligaciones de los Estados en la medida que el hecho de que no hubiera existido ninguna mujer propuesta no resulta de ningún modo un justificativo para eximir a la Legislatura de cumplir con el cupo femenino que impone la Constitución local. No se trata solo de una garantía “individual” sino que su diseño también obedece a promover y favorecer la participación y defensa colectiva de las mujeres en los ámbitos de representación y participación política.

En un contexto internacional signado por el avance de las mujeres y la conquista y ampliación de derechos, el precedente del TSJ es regresivo y peligroso. Recordemos que en el ámbito federal se conquistó la ley de paridad de género que lleva de 30% a 50% la conformación de mujeres en las listas legislativas. Y ya han existido precedentes judiciales que señalan que ese porcentaje es un piso y no un techo, por cuanto el estándar constitucional y convencional indica que se trata de acciones afirmativas en favor de un grupo social históricamente excluido y no una mera convención numérica.

En ese sentido, el TSJ de nuestra Ciudad no es capaz de brindar una tutela judicial efectiva al cupo mínimo del 30% previsto en la Constitución local y sienta un peligroso precedente: a partir de la visión del Tribunal, se flexibiliza la interpretación de las garantías y acciones afirmativas en favor de las mujeres puesto que su operatividad se encuentra condicionada por el hecho de afectaciones particulares o bien meros formalismos como lo es una impugnación en sede legislativa.

Esperamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente, el sistema interamericano de protección de los DDHH revierta esta nefasta decisión que pone en jaque la participación política de las mujeres y abre la puerta a la flexibilización y relativización de la interpretación de las garantías constitucionales y convencionales.

El fallo en cuestión recayó en la causa “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y otros c/ Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ amparo” promovida por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Fundación Mujeres en Igualdad (MET).

COORDINADORA ARGENTINA POR LOS DERECHOS HUMANOS (CADH)